Familias binacionales presentaron un recurso de amparo para habilitar corredores seguros

El último domingo, las familias binacionales (grupo conformado con personas de Argentina y Chile con familiares en ambos países) se convocaron como lo vienen haciendo para solicitar la apertura de los pasos fronterizos y poder reencontrarse con familiares en ambos lados de los límites terrestres. Tiempo antes, el Ministerio de Gobierno de Chile había anunciado que se estaba analizando la pronta apertura de dos pasos fronterizos en la zona de Aysén, uno de ellos es el Paso Jeinimeni que conecta Los Antiguos con Chile Chico. Esto motivó a los vecinos y vecinas de Río Gallegos con familiares en Chile a insistir con este reclamo para que la provincia pueda contar con corredores seguros, y así, les permita transitar los pocos kilómetros que unen localidades de Santa Cruz con sus homónimas chilenas. 

En este marco, la delegada del grupo binacional en Río Gallegos, Isabel Ampuero, había adelantado a TiempoSur que “conseguimos abogado y vamos a ir por la vía de amparo”. El abogado es Javier Stoessel, quien forma parte de la Asociación Civil “Patagonia por los Derechos Humanos”, quienes se ofrecieron con la colaboración y la asistencia jurídica a las familias en reclamo por la apertura fronteriza.

En diálogo con nuestro medio, el abogado explicó que presentaron ayer un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos que “tiene por objeto que se habiliten los corredores seguros como pasos fronterizos que se encuentran en Santa Cruz hacia la República de Chile”.  

Recordó que “desde que se iniciaron las restricciones por la pandemia por Covid-19 se cerraron los pasos fronterizos” pero con la mejora en la situación sanitaria del país “paulatinamente se fueron habilitando sectores y áreas, luego los aeropuertos internacionales y hoy quedan los pasos fronterizos terrestres que están habilitados por motivos de excepciones o tráfico comercial”.  

Stoessel manifestó que entienden que “no se ha protegido el derecho a la integridad familiar de nuestra comunidad santacruceña por el fuerte vínculo familiar y social de Rio Gallegos con Chile”.

“Se trata de padre que quiere ver a sus hijos, abuelos que quieren ver a sus nietos por motivos de salud o solamente para mantener la integridad familiar”, sostuvo el abogado, poniendo en consideración que “el derecho a la protección y la integridad de la familia está protegido por tratados internacionales y se le da la característica de un derecho humano más”.  

En el mismo sentido, aclaró que “no se trata de primar un derecho sobre otro, ni de descuidar la obligación del Estado de proteger la salud de la población, sino compatibilizar ambos derechos siendo que están las condiciones dadas para hacerlo” y remarcando que “los derechos fundamentales son pueden dilatarse más en el tiempo al haber pasado un año y medio”.

CORREDORES Y PROTOCOLOS

 Más adelante, Stoessel hizo mención que “un pasaje en avión ronda los 350 a 400 mil pesos” para viajar de Río Gallegos a Buenos Aires, con escala a Santiago de Chile y luego conectar con Punta Arenas o Puerto Natales, según el caso de quienes tienen familia en la región de Magallanes (Chile).   

“Hay una discriminación clara por motivos económicos y una imposibilidad de hecho”, manifestó el abogado, quien precisó que esperan que “sea una medida que se tramite en términos normales para un proceso de amparo y esperamos una respuesta antes de las fiestas de fin de año que tienen un componente muy importante en aspectos de vinculación familiar”.  

Insistió en que “se busca una medida permanente que habilite los pasos fronterizos de Santa Cruz como corredores seguros, que habilitaría a las personas que se presentaron en el amparo y también a la generalidad de la población”.  

En tanto, el abogado dejó en claro que “el aspecto sanitario no se debe descuidar” siendo que “no se trata de descuidar un derecho para salvaguardar otro”. “El Estado debe garantizarlo, no aniquilarlo en función de otro, sino que tiene que hacer un esfuerzo para compatibilizarlo”, agregó.  

Por último, Stoesell bregó por la aprobación de un como corredor seguro que “incluya la necesaria existencia de un protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud de Nación” con requerimientos sanitarios concretos para el debido control sanitario y clínico. “No hay motivos ni respuestas por el cual no se ha aprobado”, sentenció.