Columna

Era en Abril

Por Rubén Zárate. 

  • 11/04/2021 • 10:11
Rubén Zarate
Rubén Zarate

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, este viernes manifestó un enérgico rechazo a las maniobras militares que realiza el Reino Unido en el Atlántico Sur en coincidencia con la visita de Craig Faller, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, enfatizando que su gobierno de ninguna manera va a prestar el territorio para instalar bases del Comando Sur.

El Comando Sur y Georgia x 2

Las preocupaciones del Gobernador Melella sobre la militarización creciente del Atlántico Sur tienen fundamentos sólidos, anidados no solo en la historia reciente debido a los resultados de la guerra de Malvinas en 1982, sino especialmente en las consecuencias de las políticas internacionales implementadas entre 2016-2019.

Muchas de esas preocupaciones surgen de los acuerdos suscriptos en 2016 entre el gobierno de Macri y Obama, en particular el referido a la solicitud de Marci para formar parte del Programa de Asociación Estatal del Departamento de Defensa de EEUU, (SPP) por su sigla en inglés, que entre otras cosas acuerda la participación de organismos estadounidenses en asuntos de Seguridad y Defensa.

En noviembre de 2016, a través de la Embajada de EEUU en Argentina, el Centro Clay de la Guardia Nacional de Georgia, anuncia que ha sido seleccionada como socio estadounidense para la República Argentina en el marco del SPP. En el mismo comunicado el general, Joseph L. Lengye, señala que “el SPP nos permite fortalecer los profundos y lazos de confianza que ha creado la Guardia Nacional con un grupo muy amplio de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate¨.

No es un dato menor considerar que Argentina es el segundo Socio Estatal de Georgia (EEUU) en el marco del SPP; el primero fue el país de Georgia en 1994. No debe llevar a la confusión los nombres, el centro de coordinación militar reside en Georgia en EEUU y el principal socio estratégico de ese trípode al que se sumó Argentina es Georgia, el país que lidera el frente de conflicto contra Rusia en el marco de las acciones del Comando Europeo de los Estados Unidos desde 1991 basado en el Programa Equipo de Contacto Conjunto en la región militar del Mar Báltico. 

Desde 1991 las fuerzas de ese país se han desplegado en prácticamente todos los frentes bajo el comando de EEUU y dentro de las operaciones coordinados con la OTAN, desde Kosovo a Irak y Afganistán. Este nuevo socio de Argentina tiene el dudoso honor de haber protagonizado lo que los analistas llaman la primera guerra europea del siglo XXI, al enfrentarse con las fuerzas de la Federación Rusa en 2008 en la antigua región de la Transcaucasia y ser derrotado.

En el mundo académico sobre estrategias, Georgia (el país) suele formar parte de un caso de estudio particular dado el nivel de involucramiento de todas las actividades del país en la guerra, incluida una industria bélica muy desarrollada que además tiene una activa cooperación en producción e I+D con la industria de EEUU.

Cuando se analizan las combinaciones entre la guerra y los negocios en el siglo XXI, este parece ser uno de los casos más eficaces. Sin duda la decisión del gobierno de Macri al involucrarse en este programa durante la gestión de Lousteau como Embajador en EEUU debe haber tomado en cuenta este aspecto mucho más que las consecuencias de largo plazo no solo en la soberanía sino también en la paz del Atlántico Sur.

Ciudades y pueblos heroicos

Este viernes Melella sostuvo también que, ¨por este motivo quiero llevar tranquilidad a toda nuestra Provincia, y a nuestra Nación, que nuestro Gobierno no está de acuerdo ni permitirá bajo ningún motivo la instalación de una base militar extranjera en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur¨.

No es ociosa la frase; esa serie de convenios suscriptos por Macri tuvo como aspecto central la restauración de un decreto de 1995, signado por el entonces presidente Carlos Menem para instalar una base en Tolhuin, Tierra del Fuego, como informó la periodista Stella Calloni.

Esa estrategia de Menem, basada en crecientes relaciones carnales con EEUU, que significó el estatus de Aliado Mayor No OTAN (MNNA) en 1998 y que aún se mantiene junto a otros 17 países de acuerdo al Departamento de Estado de EEUU.

Macri profundizó esta política entre 2016-2019 en un contexto similar de endeudamiento y alineamiento integral con EEUU, la misma se contradice con la experiencia vivida y el aprendizaje histórico realizado por los pueblos de cada una de las provincias y ciudades de la Patagonia Austral. La persistencia de estos diseños del centralismo sobre la periferia del país contrasta cada vez más y no pueden ser resueltas sin un federalismo que asuma la complejidad del territorio, incluyendo los aspectos de soberanía y defensa.

Una muestra de estas contradicciones es la protagonizada por el diputado del PRO Héctor Antonio Stefani al presentar un proyecto de Ley para declarar a Río Grande como Ciudad Heroica en vísperas de un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Todos sus argumentos son contradictorios con las políticas efectivamente realizadas por el PRO, que él integra. A veces la hipocresía se convierte en un homenaje a la verdad.

Es posible que sea la época de una iniciativa nacional que declare ciudades y pueblos heroicos a todos los que desde el 02 de abril y 14 de junio de 1982 formaron parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), donde su población civil, aún aquellos que resistían desde 1976 a la dictadura genocida, fueron solidarios con los combatientes y se organizaron con oscurecimientos, logística, simulacros de combates y atención a los heridos que volvían del frente.

Soberanía y defensa

Luego del informe Rattembach sobre las responsabilidades políticas y operacionales de los dictadores antes y durante la guerra de Malvinas, numerosos testimonios e investigaciones han iluminado diversos aspectos críticos; algunos de ellos siguen sorprendiendo como la acelerada curva de aprendizaje de los pilotos radicados con sus batallones en algunos de estos pueblos sureños que salían diariamente al combate con éxito creciente a medida que transcurría la guerra.

Sorprende saber cómo superaron en sus incursiones sobre el océano una estrategia nacida en 1966 durante el gobierno de Onganía que había decretado que las prácticas de combate serían en el continente y no en el mar o el hecho que todas las conversaciones claras o encriptadas eran escuchadas por el comando británico casi on line, por inteligencia propia como por todo el dispositivo de inteligencia y observación de la OTAN.   

Los hechos de estos días vuelven a recordar la hipótesis central basada en que el principal desafío estratégico de defensa que tiene la Argentina es la existencia de una base militar británica en las Islas Malvinas y las instituciones internacionales que la favorecen.

También se puede observar que la existencia de esta base militar británica y el manejo que tiene en el Atlántico Sur, no solo debe explicarse por razones geoestratégicas y militares orientadas a las disputas del poder mundial, sino también, y muy especialmente, en relación al control y aprovechamiento de los recursos naturales de la región para su producción y procesamiento, sin controles ambientales ni regulatorios.

Muchos estudios académicos, nacionales e internacionales, coinciden en que una buena parte de las dificultades de desarrollo de la Patagonia durante el siglo XX, que se prolongan en el siglo XXI, obedecen a que crean un escenario funcional al mantenimiento del status quo colonial en el Mar Argentino. Lo que ocurre en el litoral costero no es ajeno en términos geopolíticos a lo que ocurre en las cercanías de las 200 millas y la zona económica de exclusión. Una especie de subdesarrollo inducido en el continente, funcional a la persistencia colonial.

Las teorías más avanzadas sobre defensa no reducen la construcción de la fortaleza a los aspectos militares, al contrario consideran que las estrategias más eficaces solo pueden darse sobre la base del desarrollo económico del país y en particular de cada una de las regiones con mayor vulnerabilidad, como lo es el sur argentino.

Ciencia y soberanía

El año pasado se retomó la Iniciativa Estratégica Pampa Azul en la que están involucrados casi todos los Ministerios nacionales. La principal fuente de financiamiento es la Ley 27.167, del  Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos, Promar, promulgada en 2015. La misma tiene por objeto promover la ciencia, desarrollar la tecnología e implementar la innovación con sentido soberano.

Este llamado de atención del gobernador de Tierra del Fuego sobre los hechos de esta semana indica que además de los ministerios nacionales en esta esta Iniciativa Estratégica, va a ser necesario que también formen parte en las decisiones las provincias con litoral marítimo y en especial aquellas que están más cerca del principal desafío de defensa que tiene la Argentina.

Considerar el componente del desarrollo del litoral marítimo costero en la Patagonia Austral como parte de una estrategia de defensa integral y novedosa es también una forma de instalar la paz como una aspiración central. La historia contemporánea muestra que cuando esto no ocurre predominan los enfoques militaristas, es necesario que las vocaciones aún tenues de federalismo incluyan también esta mirada consciente de habitar de forma plena una Patria inconclusa.

 

Rubén Zárate es Profesor Titular e Investigador I del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Vocal del Directorio de la Agencia Nacional de I+D+i.