El ´techo´ de endeudamiento fijado por ley rondaría hoy los 10 mil millones de pesos

La semana pasada la legislatura santacruceña aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a contraer un empréstito para que pueda obtener los recursos económicos necesarios para afrontar la crisis económica y social tras los efectos de la pandemia COVID-19, la caída de las regalías y la disminución en la coparticipación real.

TiempoSur ya dio a conocer –en ediciones anteriores- que la administración de la gobernadora Alicia Kirchner tramitaría -en principio- un crédito de 2500 millones de pesos para hacer frente a las obligaciones más urgentes.

Dentro de las posibilidades, se encuentra la del Gobierno nacional, que otorgará algunos créditos blandos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial para las provincias. Sobre esto último, se dispuso un fondo de 60 mil millones de pesos, aunque aún queda por resolver cuánto corresponderá a cada distrito.

Cuánto es hoy el techo- En ese contexto, la Cámara de Diputados aprobó la autorización para un endeudamiento en pesos (se quitó de la ley la posibilidad que también sea en moneda extranjera). En el texto de la ley, se estableció que el límite a ese endeudamiento es del 15% de los ingresos corrientes a perpetuidad, salvo que sea modificado a posteriori.

¿Cómo se llega a ese cálculo? Se toman los recursos menos la coparticipación a municipios que de esta forma quedan preservados y a resguardo. El 15% de los recursos menos la copa a municipios, es –al día de la fecha- un poco menos de 10 mil millones de pesos.

Cabe remarcar que el nivel de endeudamiento de Santa Cruz es hoy relativamente bajo. Hay provincias que tienen comprometido entre 30, 40 y 50% de sus ingresos. La provincia administrada por Alicia Kirchner tiene una deuda de alrededor del 5% de sus recursos corrientes. Ahora bien, si los recursos de la Provincia aumentan o disminuyen, eso va a aumentar el límite o no de la deuda a contraer. Por supuesto, se determina siempre el monto en base a un 15% de sus recursos corrientes.

En cuanto a la deuda que hoy ya tiene la provincia, el 99 por ciento de la misma es en pesos y lo seguirá siendo con esta nueva ley. De hecho, Santa Cruz es –en la región patagónica- el distrito donde menos peso tiene la deuda en moneda extranjera.

Los últimos endeudamientos- A la hora de hablar de deuda, un dato no menor es que en el período anterior, el Poder Ejecutivo Provincial sacó un crédito sindicato con el Banco Nación de 800 millones de pesos (2017), préstamo que ya terminó de pagar. Después, tomó dos fiduciarios de 1300 millones de pesos (2018), uno de los cuales se usó para pagar la deuda con CAMMESA.

Como informamos la semana pasada, de esa autorización para endeudarse, al Ejecutivo le quedó un margen de casi 5 mil millones de pesos para contraer préstamos. Si quisiera, el Ejecutivo podría hacer valer esa posibilidad, aunque según pudo saber TiempoSur, aprobada la nueva ley, no sería necesario acudir a la autorización anterior para contraer un empréstito (Ver más en recuadro de nota).

“La validez de una ley no cambia porque cambie el Poder Ejecutivo o la integración del Poder Legislativo”

En el 2016, la sesión para autorizar el crédito pedido por el Poder Ejecutivo fue un caos, con planteos de ilegalidad de la oposición que terminó judicializando su reclamo.

Luego, la Justicia dictaminó la validez de la sesión, luego que la Cámara Civil revocara un primer fallo del juez Francisco Marinkovic. La oposición presentó un recurso de Casación, la Cámara lo rechazó y la oposición no fue en queja al TSJ (Tribunal Superior de Justicia), por lo que el fallo quedó firme ya que se cayeron los plazos para apelar.

TiempoSur consultó al abogado constitucionalista Giordio Benini, para saber si esa autorización sigue o no vigente. Al respecto, respondió que, independientemente de que el 10 de diciembre del año pasado empezó otro período de gestión, “la realidad es que el Estado tiene cierta continuidad, más allá de quién ocupe, en este caso, el sillón de la Casa de Gobierno”.

“Sé que en su momento fue frenado por la Justicia. Ahora, si la Justicia dio el Okey y esa resolución judicial quedó firme, entiendo que ese empréstito podría solicitarse, salvo que en la ley se hayan establecido períodos o límite de tiempo para pedirlo”, manifestó.

A esto, agregó que cuando se dictan leyes en un período de gobierno, luego, sea con la misma persona en la cabeza del Ejecutivo u otra, esas leyes son válidas. Y añadió: “La validez de una ley no cambia porque cambie el Poder Ejecutivo o la integración del Poder Legislativo. Si las nuevas autoridades no están de acuerdo, tienen que sancionar una nueva ley que derogue la anterior”, aclaró.