El Registro de Agresores Sexuales que nunca se reglamentó

El 9 de mayo del año pasado no hubo despacho en legislación general de la Ley Provincial N° 3.659. Si bien se sancionó un mes más tarde, es una ley que no ha sido reglamentada y cuyo camino como política pública fue difícil. De hecho estuvo a punto de caer, al haber sido presentada en 2017 y llegar a dos años, casi, sin tratamiento.

Con vistas favorables en las comisiones de género y presupuesto y hacienda, finalmente avanzó pero “con veto total en uno de los artículos que a mi criterio, hacían al espíritu de la norma” explicó Catrihuala. RePACIS, el Registro Permanente de Agresores Contra la Integridad Sexual, nace desde un escenario que reconoce abusadores impunes, condenas irrisorias y faltas de políticas para con las víctimas.

Se trata del artículo 6, que establece que la inscripción en el Registro implica la inhabilitación para desempeñar tareas en establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles, instituciones deportivas, recreativas, culturales y sociales. La fundamentación de Boletín Oficial expresó que este artículo se configura una imposición de pena, avasallando las competencias constitucionales inherentes a otro poder del Estado.

“La deuda de la política institucional en Santa Cruz con las víctimas de abuso sexual y sus familias no se saldó con la sanción de la ley” denunció el activista que ahora forma parte de la Dirección de Políticas Públicas del Municipio. Desde su perspectiva, los gobiernos lamentablemente no encuentran la aplicación real de los dispositivos de protección. En tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, resulta más urgente contar con estas herramientas ya que según informes de UNICEF Argentina, aumenta el riesgo de que los niños sufran abusos, abandono, explotación y violencia.

El mismo organismo determinó que en el país, con o sin cuarentena, el 70 % de los abusos sexuales en la infancia se cometen en los propios hogares. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños sufre alguna situación de violencia sexual antes de los 18 años. “Cuando se elevó el rango de Secretaría de Estado de Seguridad a Ministerio de Seguridad, creí que tendríamos más chances sobre la reglamentación, pero finalmente no sucedió” agregó David.

La Ley busca “ser una herramienta más con la que cuente la sociedad en cuanto a seguridad ciudadano, favoreciendo una lucha contra los delitos de índole sexual promoviendo la prevención y dando un claro mensaje a quienes cometan este tipo de delitos” expresó su impulsor, que juntó fuerzas con la ONG PAyCAN para impulsar legislación contra este flagelo.

Desde su visión, los casos de abuso sexual tocan las más íntimas fibras de la sensibilidad social, indignan y enojan porque son un ejercicio de poder que “deja marcas que no sólo quedan en el cuerpo sino que permanecen en la persona por el resto de su vida”. Por ello considera importante la implementación real de la herramienta ciudadana, que cuenta con precedentes similares en provincias como Chubut, Neuquén, Córdoba y Buenos Aires.

“Con PAyCAN aún mantenemos diálogo y colaboro con la labor enorme que desarrollan cada vez que puedo, siento con ellos una deuda enorme porque si bien hemos trabajado mucho aún no alcanzamos el objetivo y ellos han puesto mucho” apuntó en cuanto al impulso de RePACIS. Catrihuala definió a la organización no gubernamental como promotor en territorio de toda política pública que priorice, eduque y proteja a los niños, niñas y adolescentes”.

En cuanto a la prisión domiciliaria de personas privadas de la libertad en contexto de crisis sanitaria, que en muchas ocasiones se ha presentado como la liberación de presos, y siguiendo la línea de desinformación, de agresores sexuales, los fallos no estipulan violadores en las calles.

Desde el Poder Judicial se busca la reubicación de personas en grupo de riesgo, personas sin sentencia firme y cercana al cumplimiento de la pena involucrados en delitos leves y en la mayoría de los casos, ya gozando el beneficio de salidas transitorias. El objetivo es descomprimir el riesgo de contagio de COVID-19 en cárceles sobrepobladas en grandes urbes, cuidando los alcances del sistema de salud. En Santa Cruz se están evaluando 25 casos dentro de la normativa expuesta.