El fraude electoral “imposible” y el mapa de conflictividad electoral de una Ong sobre Santa Cruz

Desde la oposición se advirtió antes de las PASO, la posibilidad de que exista fraude en las votaciones.

Más allá de las denuncias que hayan existido en las Secretarías Electorales, nadie objetivamente puede advertir que haya existido fraude en las Primarias del pasado 12 de septiembre.

Nuevamente para el 14 de noviembre, el mismo fantasma se agita solapadamente.

Si es verdad de que cada partido debería contar con aproximadamente 200 mil fiscales en todo el país y en cada mesa de votación, para como dice la palabra, fiscalizar el acto eleccionario y el escrutinio provisorio.

Para esto también están los presidentes y vicepresidentes de mesa y delegados de la Justicia electoral asignados a los establecimientos de votación para sanear duda de votantes o las autoridades de cada mesa.

Esto no es nuevo. Como publicó Chequeado.com, luego de las Elecciones Primarias de 2019, comenzaron a circular en la Argentina capturas de telegramas con tachaduras o errores y posteos o cadenas, cuya difusión se utilizó para generar la sospecha de que hubo fraude en los comicios.

Pero los telegramas con inconsistencias existen desde 1983, representan menos del 1% y su existencia no implica que exista fraude porque los telegramas no tienen valor legal. En las actas de escrutinio, firmadas por las autoridades de mesa y por los fiscales partidarios, está la información correcta y que sí tiene validez legal.

Ese año también se viralizó una desinformación que afirmaba que las urnas con cintas rotas en el frente eran sinónimo de fraude, pero esto no es así: es habitual que las autoridades de mesa abran las urnas para retirar los objetos necesarios que vienen dentro para el proceso electoral o verificar que estén vacías, antes de comenzar la elección. Luego de esta verificación coloca una faja de seguridad.

“Para que haya fraude, o se deben robar una urna, que está custodiada, o deben ponerse de acuerdo todos, los fiscales de cada partido, los presidentes de mesa, los vice… no hay forma”, opinó Pedro Pignataro, delegado judicial que asistió a las autoridades de mesa en el Industrial Nº4 y que también estará en el mismo establecimiento el próximo 14 de noviembre.

El delegado además señaló que en la próxima votación se agilizará el acto eleccionario y el conteo de votos porque se acortará el número de boletas, porque a diferencia de las PASO, habrá una por cada frente, y no seis, por ejemplo, que pugnaron en la interna de “Cambia Santa Cruz”.

“Tenemos una sola categoría que es diputado nacional y en otras provincias son dos, porque incluye a senadores. O hay intendentes, no hay concejales, algo que podría complicar con el uso de la Ley de Lemas”, consignó.

Añadió que ninguna persona puede ingresar al cuarto oscuro “luego salir y meter 10 sobres en la urna”. “Una persona utiliza un sobre, y para este control está el presidente de mesa y los fiscales para que hagan ese trabajo”, dijo y abundó: “Mi trabajo es coordinar porque la mesa es responsabilidad del presidente de mesa y asistir en el desarrollo de las elecciones. Para que haya fraude… para mí es imposible hoy por hoy”, remarcó.

Una duda que nace en cada elección y de hecho sucedió en la votación pasada es el DNI habilitado para votar.

Estos son: DNI libreta verde y libreta celeste; DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”); Libreta de enrolamiento; Libreta cívica. (El DNI celular y el DNI en trámite no es válido para votar).

Se sufraga con el Documento cívico que figura en el Padrón electoral, o con una versión posterior del mismo, no anterior.

“Para evitar este problema hay que acudir a la Secretaría Electoral y no esperar al día de la elección. Allí le darán un certificado que lo habilite a votar la persona así no existe amontonamiento el mismo día de la elección cuando acudan más personas”, sugirió.

Mapa

La ONG Transparencia Electoral, que realiza observación electoral en diversos países del mundo, realizó un extenso informe sobre las legislativas del 2017 en donde elaboró un mapa de conflictividad electoral discriminado por provincias.

La conflictividad electoral –explicaron- es el “conjunto de problemas y dificultades que se desarrollan alrededor de un proceso de sufragio, lo cual incluye, además del día de los comicios, los períodos previos y posteriores de las votaciones y los acontecimientos de violencia relacionados con dicho proceso”.

Para el estudio establecieron diversos indicadores, que, una vez recopilada la información de cada una de las provincias establecieron el grado de conflictividad de cada una a escala nacional. Las variables fueron: denuncias recibidas por Secretarías Electorales, denuncias recibidas por Ministerio Público Fiscal, datos de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, cobertura de medios, percepción de apoderados, percepción de especialistas y democracia subnacional.

Una vez recopilada y sistematizada esta información, se realizó un informe en el que se analizó cada una de las variables en todos los distritos electorales; que luego quedaron de este modo clasificadas:

-Distritos con baja conflictividad electoral (verde): Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Chaco, Mendoza, CABA y Tierra del Fuego.

-Distritos con conflictividad electoral moderada (amarillo): Catamarca, San Juan, La Pampa, Salta, Jujuy y Buenos Aires.

-Distritos con alta conflictividad electoral (rojo): La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Corrientes, San Luis y Tucumán.

Una de las lecturas más relevantes del Índice de Conflictividad Electoral es que el 16.68% del padrón electoral para las PASO 2017 residía en distritos con alta conflictividad, el 45.15% (que incluye a la provincia de Buenos Aires, con el 37.04% del padrón nacional) reside en distritos con una conflictividad moderada y el 38.17% en distritos con baja conflictividad.

En el análisis de Santa Cruz, señaló el informe la aprobación en diciembre de 2014 en la Legislatura provincial la reforma de la Ley 2.052 (Ley de Lemas) que amplió la posibilidad de postular sub-lemas en las listas de candidatos a Gobernador, Vicegobernador y Diputados Provinciales. Indicaron que tanto esta ley de doble voto simultáneo como la reelección indefinida fueron factores determinantes en el puntaje que obtuvo esta provincia en el Índice de Democracia Subnacional (IDS), y por consiguiente en el de conflictividad propuesto.

Destacan que el candidato más votado no necesariamente se convierte en el ganador de la gobernación, sino que los votos de los candidatos de una coalición se suman para enfrentar a los que obtuvieron los candidatos de la otra coalición, colocando a la primera alianza sobre la segunda.

El argumento de quienes rechazan este sistema es que los ciudadanos tienen derecho a votar no sólo a partidos políticos o alianzas, sino a candidatos o propuestas, y en este caso, el sistema no le garantiza al elector su derecho efectivo a elegir, dado que su voto es automáticamente computado a favor del candidato de la alianza y esto no necesariamente representa su voluntad. Esto puede representar un alta en la conflictividad de este distrito en el tiempo, dado que los niveles de frustración en los electores puede aumentar a medida que se den estas situaciones a todas luces injustas. En tanto, mencionaron el caso de las votaciones de 2015, en donde  quienes votaron a Daniel Peralta para gobernador de la Provincia de Santa Cruz, no obligatoriamente hubiesen votado a Alicia Kirchner en caso de que ésta fuese la única opción del partido.