“El acuerdo como mínimo debe mantener e inclusive aumentar los puestos de trabajo y la producción”

Desde que Alberto Fernández empezó a delinear su proyecto de gobierno, principalmente luego de la amplia victoria en las PASO, un sector importante de los actores del campo energético y en este caso el relacionado a la producción del petróleo, comenzó a insistir en una herramienta que durante mucho tiempo evitó que los vaivenes de un commodities tan volátil como el crudo impacte de manera negativa en una actividad que necesita certidumbre en el mediano y largo plazo para proyectar inversiones.

El llamado barril criollo había empezado a surgir en 2002 con un desacople entre los precios internos y los internacionales, fundamentalmente en una época que el barril había saltado a unos U$S 140. En ese momento el esquema de los derechos a las exportaciones de petróleo crudo fue del 20% con un sistema que fue evolucionado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, siendo una bisagra la Resolución 394 del año 2007 donde el precio de corte se posicionó en los US$ 42 el barril.

En el año 2008 se instauró el programa Petróleo Plus, en virtud del cual las empresas productoras que aumentaban su exploración y producción tenían derecho a acceder a un crédito fiscal para mejorar sus ingresos, lo que fue luego ampliado con el programa Petróleo Plus 2.

A partir de 2012 y fundamentalmente con la nacionalización de YPF el valor de corte fue elevándose a U$S 70 por barril hasta descender en 2014 nuevamente a U$S 46, precio que de todas formas garantizaba a las provincias poder proyectar ingresos sin que tener que estar pendientes de la cotización internacional.

Historia reciente- A partir del 2016 las políticas del gobierno de Mauricio Macri, sustentado por su Ministro de Energía Juan José Aranguren (CEO de Shell), tuvieron por objetivo eliminar el barril criollo, pero en un especie de “tormenta perfecta” se obtuvo como resultado una menor producción de crudo, pérdida de fuentes de trabajo, caída de la recaudación de impuestos provinciales y nacionales, con el consecuente impacto en las cuentas públicas de los estados productores por la baja de la percepción de regalías.

Debe tomarse nota que una de las que ganó con el barril desacoplado fue Shell que compra crudo al resto de las operadoras o a precio internacional si le conviene (cuando está más abajo que el interno) para luego venderlo al mercado interno con exorbitantes ganancias.

Como si esto fuera poco y con un nivel de actividad que venía en un serio deterioro, el año pasado Mauricio Macri decidió emitir el DNU 566/19, en virtud del cual determinaba el congelamiento de precios de los combustibles y el establecimiento de derechos de exportación en un paquete de medidas que buscaba, por un lado, tener un rédito político en épocas de elecciones y por otro lado recaudar más, sin tomar en cuenta que las provincias productoras debían solventar con sus ingresos de regalías el costo del congelamiento. Resultado: Santa Cruz perdió en un trimestre casi $1500 millones solamente por regalías, a lo que debe agregarse la no percepción de Ingresos Brutos o la caída de la coparticipación de impuestos nacionales (los derechos a la exportación no se coparticipan).

El impacto –además- fue notorio en una de las esperanzas del mercado nacional de petróleo y gas. En el caso de la formación Vaca Muerta se suspendieron dos mil trabajadores y se bajaron equipos de perforación, a lo que debe agregarse la pérdida de trabajo indirecto y el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas.

Esta situación, que forma parte de la dura realidad que viven todas las provincias productoras motivó que las mismas se dirijan al Secretario de Energía de la Nación a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) señalando que con los valores de petróleo del mercado la pérdida de recursos por regalías de las Provincias productoras alcanzaba los tres mil ochocientos millones de pesos ($3.800.000.000) mensuales, monto que si se anualizan significan por lo menos dos (2) meses de sueldos de los agentes provinciales, cifra ésta que se incrementa por una baja en la recaudación a raíz de la menor actividad económica causada por la pandemia.

Dominó negativo- En función de la situación se solicitó al Gobierno nacional la adopción urgente de medidas para sostener la actividad productiva del sector, y en ese sentido se señaló que existe un consenso entre las provincias productoras en un precio interno de cincuenta y cuatro dólares (U$S 54) para el barril de petróleo, para liberar la exportación de excedentes sobre las necesidades del mercado interno, el establecimiento de un esquema variable de los derechos de exportación y el mantenimiento de los precios de los combustibles en surtidor vigentes al 1° de marzo del presente año.

Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 ha determinado el desplome de la demanda mundial de combustible y conjuntamente la baja sensible del precio del petróleo crudo. Si bien el valor de referencia denominado Brent se posicionaba en U$$32,15 y el W.T.I. en U$S 21,91, ambos con una leve mejora, los valores internacionales han caído de manera exponencial y eso significa una suerte de dominó negativo que impacta en toda la cadena de producción y empleo.

En este marco las provincias hoy están volviendo a insistir con el barril criollo y uno de los que se expresó varias veces en ese sentido fue el diputado Pablo González, integrante de la Comisión de Energía y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

En comunicación con TiempoSur, expresó: “…Yo siempre sostuve que la política hidrocarburífera de Macri le hizo mucho daño al sector de la producción del petróleo y gas, lo cual impactó directamente en la percepción de regalías e impuestos de las provincias, también en los puestos de trabajo directos e indirectos. Cuando tomaron la decisión de derogar el barril criollo, cuestión a la que no negamos insistentemente, Aranguren nos dijo que el precio del barril lo fijaba el mercado, pero lo tragicómico de esto es que terminaron su mandato con un congelamiento ficticio de valores del dólar y barril a costa de las provincias”.

“Hoy –afirmó González- las condiciones tienen que cambiar. Nosotros en el ámbito de la comisión de energía lo estamos discutiendo, hay varios proyectos que están en estudio, el más conocido promovido por la Diputada Sapag de Neuquén fija un precio sostén de U$S 54 y un esquema variable de derechos de exportación en función del precio internacional tomando como referencia el Brent de U$S 35 con un 0% y ascendiendo escalonadamente hasta más de U$S 70 con un 8%, garantizando a su vez los precios de los combustibles en surtidor vigentes al 1° de marzo de 2020. Argentina no puede estar sujeta a condiciones externas que empeoran siempre las cosas, la última vez -por ejemplo- determinó que la disputa entre Arabia Saudita y Rusia cotice el crudo en caída hasta tocar los U$S 23 y eso siempre es tomado como excusa para algunas empresas para racionalizar gente o disminuir inversiones”. El Diputado Nacional agregó: “Nosotros estamos necesitando nuevamente un barril criollo que garantice una actividad normal sobre parámetros equitativos, donde cuando sube o baja el precio de referencia algunos pierden y otros ganan, pero en todos los casos sabemos que tendremos un precio de referencia estable que nos permita proyectar. Ahora bien, el acuerdo necesariamente debe ir de la mano del compromiso de las empresas como mínimo de mantener e inclusive incrementar los puestos de trabajo y mantener y progresivamente aumentar la producción. La sostenibilidad del empleo y además nuevos programas de responsabilidad social empresaria deben ser núcleos indispensables para volver al barril criollo…”, sentenció.