Discapacidad: Piden prioridad

Según ha informado el Gobierno nacional luego de un entrecruzamiento de datos realizado entre el Registro Nacional de Personas (CUD/ANDIS) y el Sistema Integrado de Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, en toda la Argentina, en promedio, alrededor del 2,9% de los casos de COVID-19 correspondían a personas con discapacidad con CUD, donde el índice de letalidad fue mucho mayor que el de la población total. Mientras que el porcentaje de la población sin CUD que falleció durante estos seis meses fue del 2,2%, el de las personas con discapacidad con CUD fue de 7%. Una diferencia de casi 5 puntos porcentuales.

Con estos números como base de su fundamentación, CAIDIS, en representación del colectivo de organizaciones de Discapacidad y Derechos de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con organizaciones nacionales, ha presentado una nota al Ministerio de la Salud de la Provincia con copia a la gobernadora Kirchner, a los fines de solicitar “la inclusión de las personas con discapacidad entre los grupos con prioridad para el acceso al plan de vacunación escalonado dispuesto”.

Según expusieron desde la organización nacional “la coyuntura de emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 ha tenido, y continúa teniendo, efectos devastadores en la población con discapacidad y las instituciones que les brindan servicios”, en este hilo señalan que “este colectivo de personas no ha sido considerado en su especificidad, soslayando incluso recomendaciones internacionales de los organismos de derechos humanos”.

“Es por ello que solicitamos la inclusión de las personas con discapacidad entre los grupos con prioridad para el acceso al plan de vacunación escalonado dispuesto, contribuyendo de esa forma a asegurar el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad establecido en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Vale la pena mencionar que, si bien esta acción recién desembarca en la provincia, las gestiones han comenzado en otros puntos de la Argentina con el mismo objetivo.

En diálogo con TiempoSur, Alex Goldman, vocero de CAIDIS, explicó que la solicitud se ha nacionalizado a través del Directo Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, a quien le han presentado la formalización del pedido. “Pensamos que esto merece una política nacional y no corresponde a cada provincia”, dijo, aunque remarcó que ya se ha aprobado en Mendoza y Neuquén, mientras esperan con expectativa las resoluciones de otras jurisdicciones. Recordemos que ayer fue presentado en Santa Cruz.  

“Es un colectivo que está siendo invisibilizado hace muchos años, que no le dan voz y deben ser incluidos en la agenda de políticas públicas”, señaló al ejemplificar: “Hay un Decreto 627/2020 en el cual el Ministerio pronuncia como grupo de riesgo a las personas de discapacidad y sin embargo no son incluidos como persona prioritaria en el sistema de vacunación”.

“Hemos hecho innumerables reclamos y pedidos dirigidos al Ministerio y no hemos tenido devolución. Lo hemos formalizado y vamos a seguir en otras provincias”, cerró.

Asociaciones y organizaciones de Santa Cruz

APPADI (Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado – Río Gallegos); FUNDAMA (Fundación Manuel García – Río Gallegos); ASDRiG (Asociación Síndrome de Down de Río Gallegos); CAENCE (Club actividades ecuestres – Puerto Santa Cruz); A.A.Di (Asociación Ayuda al Discapacitado – Puerto Santa Cruz); Área de Discapacidad de la Municipalidad de Pto. Santa Cruz;

Asociación Pro Ayuda a las Personas con Discapacidad “Shehuen Pakersh” – El Calafate; Fundación Mundo Mágico T.E.A - El Calafate; ADPADI (Asociación Deseadense Pro Ayuda al Discapacitado - Puerto Deseado); APADI Río Turbio (Asociación Pro Ayuda al Discapacitado – Río Turbio); APPADIT CRECER (Asociación de Padres Pro-Ayuda al Discapacitado Truncadence – Pico Truncado); AADI (Asociación Ayuda al Discapacitado San Julián).

Objetivos de CAIDIS

. Representar a las entidades afiliadas ante las autoridades oficiales y privadas, las instituciones vinculadas a la discapacidad, redes solidarias, Ministerio de Salud de la Nación y/o de las Provincias u organismos que los sustituyan y la opinión pública.

. Representar a las personas con discapacidad, sus familias e instituciones que las comprenden ante los tres poderes del Estado, Obras Sociales públicas y mixtas, entes autárquicos y ONGs.

. Defender los intereses vinculados a los derechos humanos, educación, rehabilitación, prevención, asistencia, inclusión, promoción, salud y/o emergencia sanitaria de las personas con discapacidad.

. Asesorar, informar e influenciar en las políticas de discapacidad y salud.

. Peticionar y gestionar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales la sanción de normas legales y reglamentarias destinadas a mejorar o actualizar programas de atención integral específicos a cada discapacidad e influir en la determinación de las políticas de discapacidad.