Diputados pidieron que Nación envíe médicos y personal a la provincia

Como cada dos semanas, se realizó ayer una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Varios puntos de los temas tratados en la legislatura provincial estuvieron ligados a la cuestión sanitaria, en el marco de la pandemia por el Coronavirus. La sesión se llevó adelante de manera remota, presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga.  Aprobaron la ley de adhesión de Santa Cruz a la Ley Nacional 27.548 de “Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del Coronavirus COVID-19” y autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, a designar la Autoridad de Aplicación del presente Programa en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, y realizar las correspondientes adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para su cumplimiento.

Por otra parte, sancionaron la resolución que pide al Ministerio de Salud y Ambiente, la implementación del Artículo 27 del Decreto Presidencial Nº714/2020 sobre el acompañamiento de pacientes y pide que se elabore y apruebe el protocolo de acompañamiento de pacientes mencionados anteriormente, que resguarde la salud del o de la acompañante, el cual será de cumplimiento obligatorio para los efectores públicos y privados de salud de todos los niveles en todo el territorio provincial. Un proyecto similar fue aprobado días atrás en el Concejo Deliberante, de autoría del edil Pedro Muñoz.

A continuación aprobaron la resolución que pide al Poder Ejecutivo que arbitre de manera urgente los medios necesarios para que el Gobierno nacional envíe a la provincia Médicos Terapistas y personal capacitado para atender áreas de cuidado intensivo, como así también para poner en funcionamiento las instalaciones del Hospital Militar de Río Gallegos para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

Asimismo en la legislatura los diputados sancionaron la ley que crea las Huertas Hidropónicas como un espacio en la producción de la hidrocultura en el ámbito urbano e hiperurbano y la ley que establece facultades transitorias de la Ley 3.694 – Declaración Emergencia Pública en materia Hidrocarburífera.

Luego aprobaron una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial y Director Titular del Banco Santa Cruz S.A. para que informe la totalidad de recursos destinados a subsidiar los créditos FOGAR (Fondo de Garantías Argentino) MiPymes y Capital de Trabajo y un pedido a la Empresa Distrigas S.A. para la provisión de gas natural, por red o zeppelín al paraje La Esperanza.

Último adiós

En este marco, Rocío García pidió al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz elabore los protocolos correspondientes para el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento.

El proyecto que va en línea con el decreto de Nación, había sido presentado la sesión pasada con el acompañamiento de los legisladores Martín Chávez, Liliana Toro, Karina Nieto y Leonardo Paradis, y fue aprobado hoy por los legisladores y legisladoras.

Estos protocolos fueron implementados para permitir el acompañamiento familiar a personas que se encuentren internadas en sus últimos días de vida en medio de la pandemia y de esta manera evitar la soledad y la angustia que genera el distanciamiento. En todos los casos deberá requerirse a la persona que solicite acompañar a su familiar internado un consentimiento previo, libre e informado.

Debate

Este miércoles, en el marco de una nueva reunión de la Comisión de Perspectiva de Género de la Legislatura Provincial, diputados y diputadas analizaron el proyecto de Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans, impulsado por Rocío García, y de la que participaron referentes de distintas organizaciones del colectivo trans.

En ese marco, se relató cómo fueron los procesos de debate y de luchas que tuvieron que llevar adelante para alcanzar la sanción de la Ley de Identidad de Género, que sentó precedentes a nivel regional e internacional; la importancia de generar políticas públicas para “reparar años de violencia”, de estigmatización para proteger sus derechos; para acceder a puestos de trabajo que no sean a través de la prostitución; para tener acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, entre otros, teniendo en cuenta que “somos una población que tiene un promedio de vida de la mitad que el resto de la población”, aseguraron.