Columna

Ciencia, poder y asimetrías nacionales

Por Rubén Zárate*

Rubén Zárate
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Esta semana el Proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tuvo media sanción en Diputados y comienza a tratarse en el Senado. Todo indica que en marzo de este año se iniciará el camino para lograr que el presupuesto pase del actual 0,28% del PBI al 1% en el año 2032 en el área. 

2021-2032, una década por ganar

En 11 años se busca cuadruplicar el presupuesto nacional en la función de Ciencia y Tecnología, generando garantías que eviten que en algún año los recursos sean menores al año anterior. Esto no es ocioso, basta recordar que en 2012 el presupuesto era del 0,35% del PBI y que, gobierno de Macri mediante, ahora apenas llegue al 0,25%.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como autoridad de aplicación enfrenta desafíos que exceden largamente la mera distribución proporcional de los nuevos recursos entre los organismos existentes. Los objetivos del Art° 3, orientados a mejorar la capacidad estratégica para el desarrollo económico y social del país, introducen elementos sustantivos para la planificación, diseño, ejecución y evaluación de una nueva generación de políticas públicas para el sector.

El proyecto de ley incluye criterios y fundamentos muy valiosos tendientes a visibilizar y modificar las tendencias más endogámicas que suelen organizar las culturas académicas y científicas; también exige metas y herramientas que adquieren significado sólo si se evalúan en torno a la pertinencia de los procesos y resultados científicos y tecnológicos.

Entre otros objetivos, a) federalización, b) diversificación productiva, c) creación de empleos de calidad, d) incremento de la infraestructura y el equipamiento alentando su radicación en las provincias, e) generación de incentivos para la inversión privada en I+D+i y, f) generación de divisas basados en la economía del conocimiento, permiten sostener que su vigencia brinde un nuevo piso para trasformaciones profundas en el sistema nacional y sobre todo para avanzar en la creación de sistemas provinciales/regionales de innovación.

Los debates que antecedieron al proyecto liderados por el Ministro Roberto Salvarezza y los que se dan en el Congreso estos días constituyen una interesante provocación a las instituciones científicas y académicas, a todos los funcionarios del Estado y especialmente a quienes trabajan en el sistema científico, para encarar las innovaciones necesarias.

Innovar en las instituciones para innovar en la sociedad

El sociólogo Manuel Castells, en sus estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, concluyó que una misma cultura puede tener distintas trayectorias respecto del uso del conocimiento para su desarrollo. En algunos momentos históricos pueden consolidarse tendencias hacia la precarización y el oscurantismo, mientras que en otros momentos pueden prevalecer dinámicas innovadoras organizadas en torno al uso intensivo del conocimiento científico.

La diferencia entre una y otra, decía M. Castells, no reside en la cultura sino que lo hace en la  calidad de sus instituciones, principalmente del Estado, y las prácticas sociales que se derivan de ellas. En tal sentido la reglamentación de esta ley deberá incluir respuestas sobre este aspecto, considerando cómo mejorar la calidad de las instituciones que gobiernan el sistema científico y tecnológico y su adecuación a los desafíos nacionales, provinciales y municipales.

Las posturas conservadoras que se centran en la tesis de los ¨problemas pendulares de la política argentina¨ ya no se compadecen con las evidencias históricas, salvo que se considere que los límites del péndulo serán siempre inflexibles al cambio y que solo resta una conciliación eterna entre esos extremos.

Al contrario, la evidencia de profundizaciones de asimetrías e inequidades estructurales, permite sostener que Argentina se encuentra ante desafíos estructurales más profundos que involucran la macroorganización del Estado.

Uno de estos aspectos macroorganizativos abordado explícitamente por la ley, es la federalización del sistema de ciencia y tecnología. Es un acierto del proyecto de ley que la creación, descentralización y desconcentración de funciones, actividades e instituciones para combatir las asimetrías producto del centralismo cuente con un mínimo del 20% del incremento anual del presupuesto.

En este sentido el rol asignado al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) como articulador con las provincias enfrenta desafíos de gestión novedosos y no todos ellos se pueden nutrir de su propia experiencia para enfrentarlos.

No hay federalismo sin recursos decía Néstor Kirchner. Luego de la experiencia histórica de estas décadas se podría agregar que tampoco hay federalismo sin proyectos provinciales y municipales que trasciendan la coyuntura y se visualicen con capacidad de incidencia fuera de sus límites y ejidos. También en ciencia y tecnología la democracia contemporánea exige considerar la gobernanza como una de las formas de mejorar los resultados de los gobiernos.

Un rápido paneo por las diversas jurisdicciones argentinas muestra un interesante y diverso panorama de iniciativas territoriales que expresan una vocación emergente de sus gobiernos y líderes locales para instalar nuevas políticas del conocimiento con sentido federal; conocerlas, hacerlas crecer y darles lugar es responsabilidad de los funcionarios nacionales.

Los Diputados de Santa Cruz están tratando la creación de un Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Neuquén se está promoviendo un Polo Científico asociado a hidrocarburos, en Río Negro se está poniendo en marcha una Agencia provincial de I+D+i, en la ciudad de Río IV se trabaja en la creación de un Polo Tecnológico asociado al complejo agropecuario, para mencionar algunos ejemplos.

Se podría seguir con un listado similar para todo el país. Si por un lado es una fortaleza que estas iniciativas existan, también se debe considerar que la falta de articulaciones nacionales eficaces que den respuesta a esta diversidad es una debilidad a superar. En tal sentido el proyecto de ley viene a facilitar la introducción de los aspectos territoriales superando de alguna manera los límites estrechos del sectorialismo en el diseño de las políticas como sesgo dominante.

Pero no solo los gobiernos tienen iniciativas. Entre más de dos centenares de propuestas locales relevadas se puede mencionar como ejemplo el caso de la Comuna 4 de CABA donde su comunera Verónica Tenaglia promueve la creación de un Distrito Tecnológico en torno a la recuperación urbana y la refuncionalización de la cárcel de Caseros para que sea un nuevo centro productivo basado en el conocimiento.

Esto, en una ciudad cuyos gobiernos hacen un culto a la renta inmobiliaria y financiera, abriría debates productivos que trascenderían el ejido local; al fin, no se trata solo de fortalecer la periferia sino también cambiar la naturaleza del centro.

Inercias persistentes Vs. nuevas metas en la sociedad del conocimiento

En 2019 los investigadores de CONICET sumaban cerca del 80% en solo cuatro jurisdicciones, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; mientras que el 20% se repartía en las 20 restantes. La misma concentración se da respecto de las instituciones, inversiones en infraestructura y equipamientos. Esto es aún mayor en el financiamiento por proyectos de ciencia y tecnología.

Estas proporciones incluyen a todos los organismos que se encuentran alcanzados por los beneficios presupuestarios de este proyecto de Ley y se extienden a otros que podrían considerarse dentro del sistema nacional de innovación, aunque tengan otras fuentes presupuestarias, incluyendo las universidades nacionales, que concentran una alta proporción de investigadores.  

Existe una estrecha relación entre las asimetrías científicas y tecnológicas provocadas por la orientación y uso del presupuesto público y las capacidades de innovación territorial, incluidas las inversiones privadas en I+D+i. Esta relación incide también en los productos y servicios de exportación basados en la economía del conocimiento y el valor agregado, condicionando el desarrollo sostenible en cada territorio.

La correlación observada en las migraciones internas de personas altamente calificadas y este aspecto específico del centralismo indica el mayor o menor nivel de adecuación del territorio a los desafíos de la sociedad del conocimiento. No puede obviarse que esto impacta de forma directa en la calidad de los empleos y sobre todo en el perfil de los mismos tomando en cuenta sus exigencias de formación de mediano y largo plazo.

La creación del Ministerio en 2007 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue un hito histórico y significó un salto cualitativo, efectivo y material, no solo simbólico, en la ponderación de la Función de Ciencia, Tecnología e Innovación en las políticas públicas y las estrategias del país.

Este proyecto de Ley que ordena el crecimiento presupuestario de forma sostenible completa esa decisión agregando recursos, objetivos y metas de mediano y largo plazo. En esta forma de organizar el presupuesto reside un programa de gobierno de mejor calidad.

 

* Profesor Titular e Investigador I. Instituto de Trabajo, Economía y Territorio, UNPA. Integrante del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación


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