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Cerca de 20 empleados comenzaron a trabajar en PedidosYa, la que será citada por Comercio

La APP inició sus actividades esta semana en Río Gallegos. Les cobra la indumentaria  a los trabajadores. Trae consigo demandas   por precarización laboral. El seguro con el que cuentan los empleados que son monotributistas y que serían registrados.

Los riders deben pagar la indumentaria que les proveyó la empresa.
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En todas las ciudades en donde arribó PedidosYa tuvo cuestionamientos.

La conocida empresa de delivery que promete entregar lo que necesites a cualquier hora llegó a Río Gallegos y comenzó a funcionar esta semana con aproximadamente dos decenas de “riders”, nombre que se les adjudica a los empleados que reparten en bicicleta (así será en la capital provincial por ahora) o en motocicleta.

Junto a Glovo y Rappi fueron prohibidas en la Ciudad de Buenos Aires luego del reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) que interpuso un pedido para que la Justicia dicte una medida cautelar por dos puntos: La falta de seguridad de los riders, es decir, vestimenta refractaria  de seguridad, y la precarización laboral porque la empresa realiza contratos mediante monotributos y así se desliga de la responsabilidad para con el trabajador, que al no estar registrado, no posee ART, obra social, etc.

El juez Roberto Gallardo, del Juzgado Nº2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió el funcionamiento de las tres APP hasta que no regularicen la situación laboral.

En Río Gallegos los empleados son por ahora monotribustistas y según la reunión que mantuvieron con el representante en la ciudad, serán registrados en poco tiempo.

Los riders trabajan por ahora en dos turnos, que van desde las 12:00 a 16:00 y 20:00 a 24:00, el cual se irá ampliando según la demanda y los convenios que la APP realice con los locales de comida.

Los riders cuentan con un seguro de Accidentes Personales que es diario, es decir, se debe actualizar cada día que el trabajador sale a la calle.

Este incluye asistencia médica, incapacidad total o parcial e incluso por muerte.

Pero los riders deben pagar la indumentaria que les proveyó la empresa.  El costo fue de 1000 pesos, los que se les serán descontados dentro de los 30 días.

En el fallo del juez Gallardo, el magistrado dejó en claro que además de cumplir con las normas laborales, a las empresas les “queda expresamente vedado obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas”, que incluyen  bandas reflectivas reglamentarias, caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes y copia de las libretas sanitarias.

EL CONTROL

El director de Comercio municipal, Miguel D'Abbraccio, aclaró que está a favor de este servicio siempre y cuando cumplan con las normativas vigentes.

De igual manera, sostuvo que cuenta con “poca información” hasta el momento y que a su entender “genera trabajo informal”.

“Esta dirección estará notificando en los próximos días al representante de PedidosYa para que se apersone en la dirección a presentar la documentación pertinente”, adelantó a TiempoSur.

uando un inspector –de Comercio o Bromatología- detecte a un rider en la calle le solicitarán el ticket de compra para verificar que quien solicitó el delivery lo haya hecho a un local habilitado.

“Si se cumplen estos parámetros, que la empresa tenga a su personal debidamente registrado en AFIP, con ART y que los chicos hagan delivery de un local habilitado, esta dirección va a apoyar el advenimiento de un nuevo servicio que puede ser muy bueno”, precisó.

D'Abbraccio advirtió que si este servicio no se regula, promoverá aún más la venta ilegal de comida, la cual creció exponencialmente en la ciudad debido a la complicada situación económica del país en los últimos años y que se promociona por la red social Facebook.

La semana pasada, en CABA, los trabajadores de PedidosYa, iniciaron una protesta en la sede de la compañía, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, para reclamar por paritarias y las condiciones de precarización laboral.

Advirtieron que cobran salarios del 2017.


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