Bajaron 164 ingresos y podrían acudir a la Justicia

Hasta hace dos días, los concejales y contratados a fines de noviembre en el municipio de Pico Truncado no conocían de la existencia de ningún instrumento que eche para atrás las contrataciones realizadas por la anterior gestión de Omar Fernández, que sumaron 164 y fueron ratificadas por los ex ediles del Deliberante.

Ayer pudieron obtener de forma informal el Decreto Ad Referéndum, fechado el 12 de diciembre, porque según los ediles todavía no fue enviado al Concejo Deliberante, el cual debe ratificarlo.

“Habían 164 monotributistas que no tenían ninguna relación con la Municipalidad. Un abuso de autoridad, no como nosotros que pasamos a planta en 2015 empleados con dos o tres años de antigüedad”, advirtió el intendente Maimó a TiempoSur.

A esto -añadió- se le suman 44 cargos “de la gestión anterior que se pasaron planta”.

Maimó marcó que aplicará la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo, lo que significa que los empleados deben tener un mínimo de seis meses de antigüedad.

“Entraron hace 20 días o menos, en la última semana. Después crearon entre gallos y medianoche la Defensoría del Pueblo con el Concejo Deliberante cerrado, y armaron esa estructura, y la idea es  dar marcha atrás con esto”, advirtió.

El único vínculo que tuvieron Maimó y Fernández fue cuando este último le tomó el juramento al primero.

También darán intervención a los gremios “porque no intervinieron”. “Estamos hablando con los sindicatos y la idea es consensuar con ellos esto”, remarcó.

Las diferencias son tales, que Maimó agregó un dato llamativo: “Nunca llamó y nunca comentó que había chocado la chata de la intendencia… No sirve más. Cuando en 2015 le entregamos como corresponde la tarjeta verde, la copia, 20 días antes recorrimos los sectores, no hubo el mismo gesto”, arremetió.

El Tribunal de Cuentas -como adelantó este medio- estuvo en Pico Truncado y realizó una auditoría.

“Se hizo la auditoría y la daremos a conocer. Lo determinará el tribunal y lo haremos público y estarán analizándolo”, precisó.

SIN VALIDEZ, POR AHORA

“Están notificando a todos los agentes de este decreto, como si ya fuera válido, pero no tiene validez el decreto hasta tanto no se reúna el Concejo. Esperamos envíen los decretos y hacer la sesión  extraordinaria y tratarlo”, precisó a TiempoSur Carlos Mansilla, edil de la oposición y ex secretario de Gobierno de Fernández.

Dos ediles son del socialismo, Mansilla y Romelí Caminos (ex Directora de Relaciones Vecinales de la anterior gestión), otros dos del partido SER, Soledad Cañumil y José Quiroga; y el edil de Maimó, Carlos Morón.

Si el recinto aprueba el nuevo decreto, Mansilla consideró que el reclamo llegará judicializarse. “Si hacen una presentación judicial los empleados que pasaron a planta, nosotros acompañaremos”, resaltó.

Explicó que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2014 “que avala esta forma de ingreso a planta permanente del Municipio porque el Convenio Colectivo no lo contempla de ninguna forma y es facultad del Ejecutivo de acuerdo a la Ley 55”.

“Maimó debe recordar que en 2015 pasó con militantes de él y cargos políticos y el intendente Fernández no echó nadie”, volvió a subrayar.

Recordó que en 2014 Maimó “debió pagar un juicio por conflicto de poderes, porque quería dejar a tres personas de planta del Concejo Deliberante”.

EL DECRETO

De acuerdo al Decreto 0012, firmado por Maimó y todos los secretarios, deroga el decreto de Fernández N°4930/19 que se dictó el 25 de noviembre “por tratarse de un acto de nulidad absoluta e insanable por haber sido emitido por un funcionario incompetente en razón de la materia, de conformidad con las disposiciones del art. 14 inc. b) de la Ley Provincial N°1260, acordada N°54 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, art. 11, 12 y 13 del Convenio Colectivo de Trabajo General para el personal de la Administración Pública Provincial”.

Además crea una comisión ad hoc para “verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso de cada uno de los postulantes incorporados”.

En los argumentos señala “debe tenerse presente que la Acordada 54 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz veda las atribuciones que el señor Intendente Municipal se arroga al decidir la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Pico Truncado y reubicar a un número de 164 personas en distintas dependencias municipales sin analizar previamente que se encuentre previsto en el Presupuesto Municipal 2020 y en el actual 2019 la asignación de los recursos necesarios para solventar el pago de los salarios correspondientes a los empleados”, por lo que son “irregulares” dichas incorporaciones.