Avanza un proyecto para descentralizar el estado en la provincia

Al momento de la renovación en la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner se comenzó a hablar de una renovación en el Estado, una modernización y descentralización. Lo propio fue declarado incluso por el propio vicegobernador Eugenio Quiroga. Esto se ha hecho proyecto en la última sesión de la Cámara de Diputados, siendo presentado por la legisladora por Caleta Olivia, Liliana Toro. El objetivo del proyecto una vez aprobado será la descentralización y modernización de los organismos y áreas administrativas del Estado, impulsando el desarrollo de herramientas tecnológicas que en la actualidad existen, y a su vez diseñar mecanismos concretos que aseguren el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública, a través del fortalecimiento de la regionalización, con accesibilidad y simplificación en los trámites, a través de una adecuada estructura y articulación entre los diferentes niveles regionales y locales, en aras de asegurar la igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía en su conjunto. Para el avance de la iniciativa propuesta por Toro, busca derogar la Ley 1312 del año 1979, donde se creaba la Dirección de Personas Jurídicas, Registro Público de Comercio, ambos dependientes del Ministerio de Gobierno. Con esta iniciativa, a largo plazo se quiere dar una mayor agilidad y celeridad a los Juzgados.

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Argumentos

TiempoSur tuvo acceso al proyecto original, para conocer más en profundidad los elementos que establece esta nueva iniciativa. Entre los argumentos del proyecto señalan que "es de público y notorio conocimiento que los Juzgados de la Provincia que tiene a cargo los actuales Registros Públicos de Comercios se encuentran sobrecargados con esta función administrativa, lo que como lógica consecuencia disminuye su capacidad de tutela judicial efectiva en dar respuestas sobre asuntos de su exclusiva competencia, afectándose la garantía de plazo razonable".

Por otra parte el proyecto establece que un órgano administrativo ejercerá las funciones propias y atribuidas por la legislación de fondo al Registro Público de Comercio, de modo tal de materializar la necesaria unificación de los controles estatales en el ámbito jurisdiccional, a fin de evitar la superposición de órganos y trámites para el cumplimiento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reforma, variación de capital, etc., de las sociedades comerciales; como las demás funciones registrales referidas a los comerciantes  individuales y auxiliares de comercio, sus actos y documentos y las entidades de bien público.

"El objetivo de este proyecto es sentar las bases para la creación de un organismo de características eficientes, ajustado estrictamente a las disposiciones de la ley y que dé cumplimiento de las premisas de inmediatez, celeridad, seguridad, economía y eficiencia en los procesos administrativos, siendo el principio esencial del organismo –como vínculo del Estado con los administrados– garantizando a éstos el pleno conocimiento de los registros existentes, dando mayor seguridad al comercio y al tráfico mercantil" señala en sus argumentos.

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En este sentido, la diputada Toro señaló:

“Buscamos seguir profundizando la premisa de la descentralización del Estado, intentando optimizar los recursos y así agilizar los trámites de los vecinos, sin necesidad de tener que trasladarse kilómetros para presentar papeles y esperar meses por alguna resolución”.

En primera instancia, la referencia a la descentralización viene estando en la agenda política hace años, con el objetivo que las demás localidades por fuera de Río Gallegos, tengan también estamentos judiciales y de la administración pública.

“La idea principal es lograr ser eficientes, y dar cumplimiento de las premisas de inmediatez, celeridad, seguridad, economía y eficiencia en los procesos administrativos”.

“Además se instará a contemplar, funciones administrativas orientadas, no solo a la satisfacción de consultas y asesoramientos de otras dependencias del Gobierno, sino también prever la posibilidad de adoptar procedimientos  de digitalización de documentación que, dando respuesta a la garantía de inviolabilidad, procure dar celeridad a los procesos administrativos”, cerró.