A dónde va el ajuste

Audiencia pública por el gas

Racionalidad entre precio y producto planteó en su intervención el Dr. Diego Lerena durante el espacio de intercambio que generó el Enargas para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural. “Una población golpeada mira con los ojos bien abiertos las decisiones del Gobierno”, remarcó.

Dr. Diego Lerena durante su participación en la audiencia pública.
Dr. Diego Lerena durante su participación en la audiencia pública.
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Ayer se vivió una nueva jornada de intercambio en el marco de la audiencia pública que impulsa el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para analizar una actualización tarifaria del gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes.

Cabe recordar que el interventor del Enargas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se lleva a cabo de forma virtual afirmando que el objetivo del Gobierno nacional es alcanzar tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva. “El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva”, sostuvo Bernal en la primera jornada de audiencia.

En el caso de la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana, su gerente de Asuntos Legales, Juliana Reggi, destacó que la tarifa que reciben sus usuarios tiene un peso de solo el 17% en la factura final, quienes “pagan más de impuestos que por el servicio brindado”.

En las dos áreas regionales que atiende Camuzzi, la empresa estimó que el incremento de la tarifa de distribución propuesto en carácter de transitoria implica una variación en la factura final de entre $50 y $150 pesos mensuales.

Si bien porcentualmente el incremento propuesto es de un 50% en la tarifa de distribución de Gas Pampeana y de un 75% en Gas del Sur, en ambos casos esta variación se encuentra por debajo de otros indicadores de la macroeconomía: construcción (130%), IPC (105%), salarios (89%), se destacó.

Transportadora Gas del Sur (TGS), en tanto, solicitó una adecuación tarifaria, de transición, para el concepto de transporte del 58,6%, y el inicio del proceso de revisión tarifaria integral que permita recomponer la ecuación económica financiera de la licenciataria. La representante legal de TGS, Silvia Lucía Joaquina Migone Díaz, resaltó que “el ajuste requerido no contempla rentabilidad alguna, sino solo los fondos necesarios para hacer frente a los gastos, inversiones y demás obligaciones”. Así, el caso de la Categoría de usuario R1 que tiene un consumo promedio de 214 m3 al año, y que paga $46 promedio por mes, pasaría a pagar $73 $/promedio mes, por lo que el impacto del incremento representa la suma de 27 $ promedio mes, en concepto de transporte, sin impuestos.

 

Realidad social

El Dr. Diego Lerena, por la Asociación Civil Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Provincia de Santa Cruz, fue el orador 111 de la segunda jornada de audiencia. En su alocución planteó que no resultaría prudente un aumento de tarifas sin previa consideración de la realidad social y económica de la Nación. En este marco expuso que, fomentado por la pandemia, una población golpeada mira con los ojos bien abiertos las decisiones del Gobierno.

Desde la Asociación que representa manifestó que su intervención se centra en los principios de justicia y racionabilidad como marco teórico de la problemática, que es el reajuste de las tarifas de servicios públicos.

Rememoró que en 2016 la Corte Suprema de Justicia ya había tomado intervención en este tema de reajuste de tarifas y en aquella oportunidad realizó dos pedios: Por un lado la organización de los procesos judiciales y por otro lado lo estrictamente tarifarios, requiriendo información sobre la evolución de las tarifas y qué daría fundamento a la suba.

Sobre este punto el Dr. Lerena continuó exponiendo que la regulación por parte del Estado debe pasar por tener una tarifa justa y razonable, en la que se satisfaga al usuario y al prestador. Pero en la actualidad no hay claridad en la información, es decir, las empresas no clarifican costos, su rentabilidad o en qué invierten, y ese desconocimiento sobre en qué gastan las prestadoras, mucho menos refleja en qué pretenden plasmar un nuevo ajuste de tarifas.

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