Coronavirus

Alerta en América Latina por el tráfico de vacunas falsas, el mercado criminal pandémico

Desde México hasta Argentina, los reportes de ventas de supuestas vacunas contra el COVID-19 comienzan a aparecer en el radar de las autoridades. 

Vacunas falsas.
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El 2021 será el año de la vacuna contra el COVID-19. Mientras los intentos de los gobiernos avanzan para tratar de hacerse con la mayor cantidad de dosis, los países más ricos acaparan la producción disponible, y la población mundial espera impaciente su turno para inmunizarse contra el mortal virus, un nuevo mercado negro surge en la sombra: el tráfico de vacunas.

Desde México hasta Argentina se han venido reportando incautaciones de cargamentos de vacunas falsas, operativos contra proveedores fraudulentos o contra inescrupulosos que venden supuestas curas contra la enfermedad que no son más que engaños.

En parte, estos “nuevos productos” suponen una flamante fuente de ingresos para las organizaciones criminales, que así como las economías legales también se han visto afectadas por la pandemia.

Así lo manifestó el experto en crimen organizado Frédéric Massé, para quien la reconfiguración de la economía criminal no supone cambios estructurales.

“Si es más arriesgado traficar un producto, el negocio se mueve hacia otro producto”, dice el Codirector de Red CORAL (Red de monitoreo del Crimen Organizado en América Latina).

Esto supone una incursión decidida en el tráfico de productos legales medicinales que se han popularizado como remedios anticovid, como la Ivermectina, el Remdesivir, la hidroxicloroquina o la cloroquina; pero cuya efectividad no ha sido comprobada y en varios casos descartada de plano.

Pero también algunas vacunas o supuestas vacunas, las cuales están apareciendo en los países latinoamericanos y del mundo, algo que ya ha encendido las alarmas de la INTERPOL que inició el 2021 emitiendo una alerta global de actividad criminal en torno a la falsificación, robo y publicidad ilegal sobre vacunas para el COVID-19 y otras enfermedades como la influenza.

Así se abre una nueva oportunidad depredadora para que la criminalidad monetice en medio de la pandemia.

México, un temprano epicentro

México fue el primer país de Latinoamérica en anunciar en diciembre pasado la llegada de la vacuna contra el coronavirus y en empezar su programa de vacunación.

Al país llegaron las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BionNTech que se adquirieron en la región. Fueron unas 3 mil, de las 1,4 millones compradas en primera medida. Pero con casi tres meses transcurridos han sido muchas las polémicas alrededor de la distribución de la vacuna en México.

Una de las críticas más relevantes por el temor a las falsificaciones fue que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador permitió que los gobiernos federales pudieran suscribir contratos particulares para adquirir las vacunas y se encargaran de la distribución de las mismas en sus respectivos estados.

Esto descentralizó la cadena de distribución de la vacuna haciéndola vulnerable a la influencia de grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana o el Cartel del Golfo, quienes han estado muy activos durante la pandemia prestando asistencia a las comunidades, repartiendo víveres y organizando jornadas de salud, buscando cultivar apoyo popular y consolidar su control territorial.

De acuerdo con el portal InSight Crime, que se especializa en crimen organizado, esto representa un riesgo grande, pues de hacerse con los suministros de las vacunas, los carteles podrían venderlas a la población que ya confía en ellos con el pretexto de que son dosis robadas, abriendo una peligrosa puerta para la venta de vacunas falsificadas y el consecuente riesgo para la salud de las personas.

Algo que ya está sucediendo. El pasado 8 de enero el Consejo Nacional de Seguridad Privada de México confirmó la presencia de laboratorios creados para producir vacunas falsas contra el coronavirus. De acuerdo con información publicada por el medio local Milenio, este organismo identificó operaciones de este tipo en Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Ciudad de México.

Fuente Infobae. 


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