Elaboraron recomendaciones

Acciones de protección de los derechos de las mujeres

Apuntan a lograr respuestas prontas y eficaces a las diferentes formas de violencia, teniendo en cuenta principios fundamentales y el impacto diferenciado que las medidas frente al COVID pueden tener en mujeres en situación de vulnerabilidad.

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La Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) elaboró un documento que contiene recomendaciones para los ministerios públicos sobre acciones de protección de los derechos de las mujeres durante la pandemia de COVID-19. La presidencia de la Red está a cargo del Ministerio Público Fiscal argentino desde septiembre de este año.

El documento sostiene que deben aplicarse perspectivas interseccionales y prestar atención a las situaciones, las necesidades y al impacto diferenciados en mujeres en situación de “particular vulnerabilidad por su edad, identidad de género u orientación sexual, pertenencia cultural o étnica, labor, u otras condiciones de interseccionalidad”. Por ejemplo, niñas y adolescentes; mujeres mayores; mujeres con discapacidades; mujeres embarazadas; mujeres lesbianas, bisexuales o trans; mujeres víctimas de trata; y mujeres privadas de su libertad, entre otras.

En las recomendaciones se hace hincapié en que, debido a la pandemia, las medidas de confinamiento o cuarentena “pueden exacerbar y aumentar los riesgos de las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres, principalmente, pero no únicamente, la violencia que ocurre dentro del hogar y/o la violencia de pareja”. Es por ello que hacen foco en ese tipo de situaciones, pero también en las violencias ejercidas en contra de las niñas y adolescentes; las desapariciones de mujeres; la cibercriminalidad y otras formas de violencia contra las mujeres cometidas en línea.

Además, se remarca que los ministerios públicos deben garantizar una respuesta pronta y eficaz para prevenir y responder a las diferentes formas de violencia en las circunstancias de la pandemia, teniendo en cuenta los principios fundamentales del acceso a la justicia y del derecho a un recurso efectivo. En esa línea, una de las recomendaciones es que se asegure que las disposiciones que restrinjan o limiten los derechos por causa de salud pública “respeten los principios de legalidad, proporcionalidad, adecuación/idoneidad, necesidad, igualdad y no discriminación, tengan una duración limitada a la urgencia, y se enmarquen en los principios del debido proceso legal”.

Se recalca también la importancia de medidas destinadas a prevenir y responder a las violencias de género y la decisión de elaborar instrucciones específicas destinadas a fiscales para la atención de los casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género en el contexto del COVID-19. Esas instrucciones deben ser dirigidas no sólo a las unidades especializadas sino también a las demás fiscalías que puedan conocer en los casos.

En esa línea, se sostiene que se debe asegurar la capacitación del personal de los organismos para manejar denuncias en línea y mitigar el daño para las víctimas de violencia. A eso se le agrega la recomendación de medidas para facilitar las denuncias de violencia contra las mujeres, como invertir en campañas de información; que haya un lenguaje claro y accesible; que se amplíen los canales virtuales; que se pueda realizar un seguimiento proactivo y regular incluso a través de WhatsApp o por teléfono.

Por otra parte, en el trabajo se hace hincapié en medidas para asegurar la protección de las víctimas. “Hacer cesar, como primera acción, la situación de violencia y solicitar el retiro del agresor del lugar si la situación así lo requiere y como medida de primera instancia”, es uno de los puntos que se plantean.

La publicación fue realizada con la colaboración de la consultora de ONU Mujeres Francoise Roth, en el marco del Programa Regional para América Latina de la Iniciativa Spotlight, junto con la consultora del Área de Género del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, María Edith López Hernández. Las recomendaciones son líneas orientadoras para que cada ministerio público, fiscalía y procuraduría las retome o adapte conforme a sus necesidades, competencias, capacidad institucional, marcos normativos vigentes y recursos humanos y presupuestales. Fueron llevadas adelante en línea con las recomendaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y aprobadas por la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoaméricana de Ministerios Públicos en su sexta reunión virtual.