Política

Radican denuncia tras escándalo en Rentas

Pese a que el sumario administrativo tiene más de un año, la Secretaría de Ingresos Públicos que estaba a cargo del ministro Valfré, jamás notificó al Tribunal de Cuentas. 

Marcelo Rosas, vocal por la Minoría ante el Tribunal de Cuentas, radicó denuncia penal.
Marcelo Rosas, vocal por la Minoría ante el Tribunal de Cuentas, radicó denuncia penal.
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El lunes Tiempo FM dio a conocer información exclusiva relativa a la instrucción de un sumario contra tres empleados de planta permanente (S.C, N.A y A.M), que cumplían funciones en Rentas y que están acusados de haber estafado al fisco falsificando documentación del pago del impuesto a los sellos sobre los contratos de alquiler de una inmobiliaria. Operaciones éstas con las que se hizo desaparecer exactamente $191.206.

 

Lo curioso de todo es que pese a que la instrucción del sumario comenzó en el mes de agosto de 2013 y las conclusiones son de abril de este año, ni la Secretaria de Ingresos Públicos, que tenía a su cargo el hoy ministro Edgardo Valfré, ni el Ministerio de Economía, que hoy ocupa él, notificaron al Tribunal de Cuentas respecto de la posible comisión de un delito en Rentas.

 

En efecto, el Tribunal de Cuentas tomó contacto con el caso una vez que TiempoSur diera a conocer detalles de los expedientes a los que tuvo acceso, razón por la cual el Vocal por la Minoría radicó ayer una denuncia penal.

 

En diálogo con periodistas de este diario, Marcelo Rosas indicó que “a penas tomamos conocimiento de la noticia, una vez que me enteré, en lo personal instruí a mi gente para que buscasen información para tener conocimiento de qué es lo que pasó, qué es lo que se está haciendo para después tomar caminos a seguir”.

 

Asimismo, el integrante del Tribunal confirmó que ayer “realicé la denuncia penal inmediatamente, apenas me enteré”.

 

No cabe dudas que el área comprometida en esta estafa al fisco debió dar intervención al Tribunal de Cuentas, ya que el Artículo 57 de la Ley 500 determina taxativamente que “los agentes del Estado que tengan conocimiento de irregularidades, que ocasionen perjuicio pecuniarios al fisco, deberán comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico, quien los pondrá, cuando corresponda, en conocimiento del Tribunal de Cuentas, el que intervendrá con jurisdicción y competencia administrativa de carácter exclusivo, a los efectos de instaurar el respectivo juicio de responsabilidad”.

 

En este caso, Edgardo Valfré, que como secretario de Ingresos Públicos firma la instrucción sumarial, jamás advirtió al Tribunal de Cuentas.

 

Pero como si fuera poco, el Artículo 169 del Código Procesar Penal que dice que los funcionarios que tienen conocimiento de la comisión de un delito deben realizar la denuncia penal, “por eso la he hecho yo el día de hoy a través de mi abogado” insistió el Vocal por la Minoría ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, atento a que la Justicia deberá realizar su investigación y llegar a una conclusión “en el procedimiento penal que corresponde”.

 

Si bien el funcionario aclaró que “hoy es una presunción” porque “yo no tengo todavía la información de qué sucedió, cómo fue y demás, más allá de que la estamos buscando con nuestros auditores, pero nosotros debimos ser notificados como Tribunal para poder haber iniciado una investigación paralela” dijo.

 

 

Es más, Rosas ratificó la publicación de este medio, cuando advirtió que en realidad el caso debió desembocar en lo que se denomina “un juicio administrativo de responsabilidad”.

 

Consultado respecto de si acaso le llamaba la atención esta ausencia de una advertencia al Tribunal, Rosas recordó que “en su momento hice una denuncia con respecto a las rendiciones, porque no son solamente de plata sino de instrumentos legales, de expedientes y yo diría que hay organismos que están atrasados”.

Empero no es que llegar a la información “sea imposible” ya que “nuestros auditores pueden ir y ver” aunque “en muchos casos uno no se entera de algo porque no han hecho la notificación, como ahora” agregó.

 

Vale recordar que esta semana el ministro Valfré intentó responder que toda la investigación administrativa interna no había llegado a Tribunal de Cuentas porque el sumario “aún no terminó”, algo que resulta al menos llamativo, toda vez que la documentación a la que tuvo acceso TiempoSur se basa precisamente en las “Conclusiones Información Sumaria” de la Secretaría de Ingresos Públicos firmada por el propio Valfré el primero de abril de este año (Folio 330).

 

La estafa se perpetró hace algunos meses, en función de varias operatorias que tuvieron lugar entre los meses de enero y septiembre, amparada en impuesto a los sellos sobre los contratos de alquiler.

En este caso, la inmobiliaria en cuestión se presentaba ante una de las cajas de Rentas para pagar el sellado del contrato de locación de un cliente, pero los empleados habrían utilizado sellos truchos en los contratos de locación por cuanto el pago por éstos nunca era ingresado debidamente y el trámite no figuraba en absoluto.

El 17 de septiembre se envió una nota a la inmobiliaria solicitándole copia de los “contratos de alquiler aforados o intervenidos por Rentas” durante los meses de junio, julio y agosto, además de una “copia de los comprobantes de pago del emitido impuesto en línea de caja por el Banco Santa Cruz y la copia de los formularios de la SIP (impuesto a los sellos a través del cual se gestiona el pago de impuesto en línea de caja del Banco)”.

Así, se descubre que los importes que surgen de las otras de respuesta enviados por la inmobiliaria no fueron acreditados en la cuenta corriente habilitada a tal efecto. En foja 207, la Dirección General Contable informa que “no existen acreditaciones en forma total, parcial o fraccionada que coincida con los importes descriptos” por la inmobiliaria.

Es más, el 23 de octubre quedó debidamente constatado que las operaciones hechas por esta firma no estaban siquiera acreditadas  por Rentas, “por cuanto los comprobantes en cuestión aparecen como adulterados”, algo que se pudo detectar utilizando una lámpara de rayos ultravioletas.

Esto significó que de un total de cinco comprobantes que la inmobiliaria aportó, probando que pagó en un caso la suma de 70.634 pesos, los empleados de Rentas habían hecho figurar un pago inferior, exactamente 137 pesos.

El 30 de octubre se le solicita a la empresa de seguridad Infante que facilite las grabaciones de la cámara direccionada al sector de cajas del edificio de Rentas y recién ahí se detecta otra anomalía y es que los tres involucrados en la estafa realizaban las operaciones de forma periódica y minutos después del horario del cierre de las cajas del Banco Santa Cruz.

Las operatorias fraudulentas se habrían dado los días 11/01/2013, 15/01/2013, 05/02/2013 y 21/03/2013. En total, el faltante es de 191.206 pesos.

La conclusión del sumario determina que los agentes “habrían presuntamente incurrido en una falta grave que perjudicaría” materialmente a la Administración Pública, pero ni siquiera con ese argumento Valfré dio intervención al Tribunal de Cuentas o la Justicia ordinaria.

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