Congreso

Diputados santacruceños de Cambiemos deberán tratar la emergencia alimentaria

Es por la sesión especial convocada para hoy por la oposición, la cual tendrá participación de legisladores de Cambiemos según adelantó el mismo Presidente. En Río Gallegos, según el CDR, no se incrementaron en los últimos meses los pedidos de bolsones alimentarios.

La oposición necesita de los votos de Cambiemos para aprobar la norma.
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La emergencia está desde 2002 y hay herramientas suficientes para atender estas cosas, estamos para asistir a los gobernadores, si quieren ampliar o cambiar el proyecto, estaremos disponibles”, dijo ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde Santa Fe según publicó Infobae, y de este modo confirmó la participación de los legisladores de Cambiemos, necesaria para la aprobación de leyes.

Sucede que la oposición en el Congreso consensuó el pasado lunes un proyecto que declara la Emergencia Alimentaria en el Apis hasta 2022, pese a que existen por lo menos 12 proyectos de similares características.

La norma fue firmada por el jefe del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi; el titular del bloque Justicialista y del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner; el líder del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá; la presidenta del Frente Renovador, Carla Pitiot; y el jefe del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

También suscribieron Daniel Arroyo (Red por Argentina), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), Victoria Donda (Somos), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), José Luis Ramón (Protectora), Omar Félix (Somos Mendoza), Juan José Bahillo (Justicialista), Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Ivana Bianchi y Andrés Vallone (Unidad Justicialista), detalló el sitio especializado Parlamentario.

SANTACRUCEÑOS

Roxana Reyes, Nadia Ricci y Antonio Carambia deberían asistir a la sesión especial y debatir si es viable la propuesta de la oposición.

TiempoSur se comunicó con los tres  diputados para conocer sus planteos, pero no tuvo respuesta de ninguno de ellos. 

En Santa Cruz hay dos CDR (Centros de Referencia), uno en Caleta Olivia y otro en Río Gallegos -dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Carolina Stanley- encargados de ser los intermediarios con ONG, municipios y merenderos para el reparto de bolsones alimentarios. 

“En este último tiempo no hubo un aumento  en el pedido de bolsones, pero sí lo hubo desde que estoy a cargo, en donde se ha entregado muchos alimentos porque hay una necesidad real”, dijo a TiempoSur Ítalo Bringas, articulador del CDR de Río Gallegos.

“En los últimos meses se viene manteniendo la misma cantidad de operativos alimentarios del año pasado y el anterior”, detalló Bringas.

EL PROYECTO

La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año, según la Ley 27.345, sancionada en 2016, que extendió a su vez la emergencia social por el mismo período.

Además dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

También se faculta al Jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios sociales’.

Por último, indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.