Ante la Corte

“El daño que se causará con la eventual aplicación de las normas cuestionadas es irreparable”

Así lo sostiene la Provincia de Santa Cruz que, junto a otros 19 distritos del país, pidieron declarar inconstitucional los decretos que elevaron el piso de Ganancias y eliminaron el IVA en algunos productos, ambos impuestos coparticipables. Aclararon que no piden dejar sin efecto las deducciones, sino que quien debe hacerse cargo es el Estado nacional con fondos propios y no con los de las provincias.

  • 27/08/2019 • 08:08
Las Provincias piden que se declarar la inconstitucionalidad de los Decretos N°561 y 567/19.
Las Provincias piden que se declarar la inconstitucionalidad de los Decretos N°561 y 567/19.

Ayer, Santa Cruz –a través de su fiscal de Estado Fernando Tanarro- se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para denunciar la caída de los recursos de la coparticipación, a partir de la elevación del piso del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA en algunos alimentos de la canasta básica.

La presentación es por la inconstitucionalidad de los Decretos 561/19 y 567/19 para que se “ordene el reintegro de las sumas indebidamente no ingresadas a la masa coparticipable más sus intereses”. Fue luego de que la semana pasada Santa Cruz también presentara un amparo contra el DNU que fijó un precio diferencial al barril de crudo y afecta las regalías de la provincia.

 

Con fondos propios, no de las Provincias- En el texto de la presentación –realizada junto a otras provincias argentinas- sostiene que la Nación dictó, luego de las elecciones primarias del 11 de agosto-  de manera “inconsulta, abusiva, e inconstitucional una modificación de la base de cálculo del impuesto a las Ganancias y de la alícuota en el impuesto al valor agregado de los productos de la canasta alimentaria”.

Es que las 19 provincias que demandan a la Nación basan además sus fundamentos en que el gobierno de Mauricio Macri no propuso ninguna alternativa para equiparar esos fondos sacados a las provincias. Éstas afirmaron que la medida cautelar presentada ayer no pide que se dejen sin efecto las deducciones, sino que quien debe hacerse cargo es el Estado nacional con fondos propios y no de las Provincias.

“Si se tomaran el trabajo de leer las presentaciones realizadas por Santa Cruz, lo que pedimos es que se mantengan las reducciones, pero que quien se haga cargo sea el Gobierno nacional, no pueden desfinanciar a las provincias y quitarles recursos, deben hacerlo desde la Administración Central con sus propios recursos. Si leyeran nuestros planteos verían que los argumentos de Nación solo buscan desvirtuar lo que estamos haciendo que es defender los intereses de los habitantes de nuestra provincia”, indicó ayer el fiscal Tanarro.

 

“Peligro inminente”- TiempoSur tuvo acceso a la presentación que se hizo a la Corte Suprema por los Decretos 561/19 y 567/19. Sostiene que “…adviértase que, con el solo dictado de la medida peticionada, puede conjurarse el peligro inminente de afectar la recaudación y percepción de la renta pública de la provincia de Santa Cruz...”.

Más adelante, afirma: “…Y por supuesto, la gravitación económica de la medida es un elemento que debe ser apreciado, ya que –como lo ha sostenido la Corte en otras oportunidades- los efectos que ella provoca no pueden ser dejados de lado al admitir medidas de la naturaleza de la pedida…”.

Entre algunas de las medidas de prueba que pide la Provincia se encuentra la que se libre oficio a la Comisión Federal de Impuestos a que informe, entre otras cosas, los detalles de las sumas mensuales detraídas de los fondos coparticipables por aplicación de los Decretos N°561/19 y 567/19.

 

El peligro de la demora- Para la Provincia, los recaudos procesales para la medida -la cautelar- se encuentran claramente configurados. “…La verosimilitud del derecho invocado es incontrastable, patente, evidente. Se ha expuesto acabadamente todos y cada uno de los extremos que justifican la descalificación constitucional requerida…”.

Y, por consiguiente, en el texto presentado por la Fiscalía de Estado, afirman: “…El peligro en la demora que se requiere no es menos evidente…” y añade: “…El daño que se causará con la eventual aplicación de las normas cuestionadas es irreparable…”.

Por lo que la provincia pide que “se declare la inconstitucionalidad de los Decretos N°561 y 567/19, y de consiguiente, se disponga la nulidad absoluta de todos los actos administrativos que se hubieren dictado en consecuencia de aquellos y la restitución de todas las sumas que no hubieren ingresado a la masa coparticipable…”.

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