Cómo funciona la licencia por violencia de género en Educación

En las aulas de la provincia existen protocolos para el resguardo de niños y adolescentes desde hace años. Pero fue en 2018 y tras años de discusión que se instaló el dispositivo de licencia por violencia de género, que no disfrace la problemática de carpeta médica y brinde herramientas de protección integral a las docentes también. “Hace dos años lo veníamos planteando, pero en las paritarias se venía dilatando, porque lo salarial estaba como prioridad” explicó la docente que representa a las escuelas públicas.

En su tratamiento hace diez meses, se aprobó por unanimidad. Seguidamente el equipo trabajó en un protocolo con la Directora de Recursos Humanos y la Subsecretaría de la Mujer. Desde entonces, las docentes santacruceñas pueden solicitar su licencia por dos vías: RRHH en el seno del Consejo Provincial de Educación o la dirección del establecimiento educativo donde trabaja.  Esto permite reconocer la raíz del problema ya que “había muchos casos que ya estaban planteados pero por un flagelo diferente a lo que la caratulaba, porque no es lo mismo un hecho de violencia que una gripe o carpeta psiquiátrica” relató Flores, desnudando un escenario peligrosamente común.

Las violencias de las que pretende proteger a las docentes este dispositivo, son las estipuladas en la Ley Nacional 26.485. Estas incluyen física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. “Faltaba, faltaba para las víctimas de violencia de género esta licencia, la carga cae en una trabajadora y en nivel familiar también” explicó la docente. Por ello, un punto importante en el proyecto que impulsó es la confidencialidad.  La licencia se solicita con sobre cerrado, para evitar la información por expediente y exponer la difícil situación que transite la docente. Desde la perspectiva de la profesora Mónica Flores, “se trata de no vulnerarlas más, que no ande dando vueltas por todo el personal”. 

Las licencias por violencia de género iniciadas en la educación han sido inicio de medidas cautelares y judiciales. “Algunas han pedido traslado a las localidades por eso también y bajo este artículo no se demora por democracia” agregó. Por lo que se han efectivizado reubicaciones para las docentes asegurando sus puestos de trabajo y pronta seguridad. 

El documento firmado por la presidenta del Consejo, Cecilia Velazquez, evidencia que los organismos del estados competentes para el tratamiento de estos casos son la Oficina de Violencia Doméstica, la Subsecretaría de la Mujer y hospitales. Concede plazos de hasta quince días corridos, renovables, con informe de los organismos. Otro de los puntos, establece instruir a la Secretaría de Coordinación Educativa y Administrativa del CPE para realizar jornadas de sensibilización y capacitación para la prevención de la violencia.

La semana próxima, se votará en el HCD la incorporación de la licencia para las trabajadoras municipales. Para las docentes de Santa Cruz está el dispositivo activo y por ello “es importante que no sea por sectores, sino una decisión provincial, como el derecho a maternidad, que incorporamos un mes más en el convenio colectivo, son avances, derechos necesarios en todas las instituciones públicas de la provincia”.