Por qué Santa Cruz debe estar atenta a todo anuncio vinculado con la minería

La Provincia de Santa Cruz tiene la mayor superficie de glaciares del país (3421 km2), según el Inventario Nacional de Glaciares que se realizó en su momento con el objetivo de identificar y caracterizar glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas, para su adecuada protección, control y monitoreo.

Ayer, trascendió en varios medios nacionales que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminará como constitucional a la ley de protección de glaciares que rige en la Argentina y que fuera aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2010. De esta manera, los jueces de la Corte coincidirían en rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la minera Barrick.

Ley de zonificación- Pero –además-, independientemente de la Ley de Protección de Glaciares, en Santa Cruz existe otra ley que data del 2009, en este caso provincial, que delimita la explotación minera en nuestro territorio.

Se trata de la Ley de Zonificación minera aprobada en la Legislatura provincial en el año 2009, que pone un límite a los lugares donde se pueden realizar emprendimientos dentro de la jurisdicción de Santa Cruz.

Esta ley –que en su momento tuvo fuertes críticas de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), creó un área de “interés especial minero” y prohíbe la extracción de metales fuera de dicha zona. Según se desprende de la norma, ninguna empresa podrá realizar actividades mineras fuera de esa área que se circunscribe al territorio de meseta y excluye la Cordillera de Los Andes.

Reclamo de mineras- En su oportunidad, las empresas también indicaron que la medida dejaba entrever la posibilidad de que los derechos ya adquiridos por las compañías para explorar y explotar las zonas ajenas al área de interés, queden sin efecto, lo que se traduce en “grandes pérdidas para aquellas empresas que ya iniciaron la actividad en dichas zonas”.

El Gobierno provincial –de todos modos- avanzó por entonces con dicha ley y su reglamentación, y finalmente no hubo ninguna presentación legal por este tema y que a pesar que el sector empresario había amenazado con la caída de las inversiones, por el contrario, las mismas siguieron creciendo.