Presentación del proyecto y pañuelazo para pedir consulta popular vinculante por aborto legal

"Por octava vez se presentará el proyecto", adelantó Yamila Fernández.

Ese día -adelantó- habrá un pañuelazo para reclamar por el tratamiento del proyecto y aprobación este año y no en 2020.

Pero además la campaña reclamará una consulta popular vinculante "para combatir contra la inmovilización que pregona la conquista del derecho en 2020, después de las elecciones, pero la lucha es ahora".

Fernández apuntó además a los legisladores de todos los partidos políticos que "nos han negado" acceder a este derecho por "estar alineados con la iglesia".

El proyecto

El proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito no cuenta con los cambios que se le realizó en Diputados el año pasado y que permitió su aprobación.

En este caso, no se habla sólo de mujeres con derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ley -como publicó Ámbito Financiero- describe como sujeto de derecho al aborto a “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”. Esto detalló la Campaña, se dio “en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

La cobertura de la práctica, en tanto, deberá ser “integral y gratuita” en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado). Asimismo, no se requerirá autorización judicial y deberá realizarse “en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento”.

Por su parte, el plazo de las 14 semanas de gestación podrá extenderse en casos de violación o si corre riesgo la vida o salud integral de la mujer o persona gestante.

En cuanto a la despenalización, el proyecto es más que claro: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. En la misma línea, añade que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada”.

La ley no incluye la objeción de conciencia, ya que entiende a la interrupción legal del embarazo como un derecho. Además, establece una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena “la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, como resultado de esta conducta se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Si como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a cinco años de prisión”.