Sigue sin tratarse el registro permanente de agresores sexuales

En Santa Cruz hay más de 150 violadores con sentencia firme y para el impulsor del proyecto que junta polvo en la Legislatura provincial el panorama es alarmante. “Al ver la cantidad de casos de abuso que quedan impunes, con condenas irrisorias y la falta de políticas públicas a favor de las víctimas en ese sentido” David Catrihuala promovió el registro permanente contra la integridad sexual. Agregó que en los últimos doce años, las cifras oficiales del Ministerio de Justicia revelan un alarmante incremento de 217% según el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Desde su perspectiva utilizar herramientas institucionales como el registro ayuda a promover la prevención y fortalecer la lucha contra este tipo de delitos, materia en la que se precisan políticas públicas considerando detrás de cada cifra hay una persona que sufrió una violencia irreparable.

Según estudios de Schweizer y Blanco a pesar de lo dinámico de las variables en Argentina, la reincidencia de quienes abusan sexualmente supera el 59%. Una vez que cumplen la condena, en caso de que se posean las herramientas para identificar el abuso, se muevan los engranajes para efectuar la denuncia y la Justicia actúe, los criminales quedan libres de culpa y cargo, esto para Lorena Galeano, integrante de PAyCaN, es sumamente peligroso. Desde esta ONG han impulsado iniciativas similares desde 2008.

“No creo que haya hoy en la Legislatura Provincial un proyecto de ley con cuatro resoluciones por unanimidad de distintos Concejos Deliberantes pidiendo su tratamiento como en nuestro caso” lamentó David.

Antecedentes provinciales- Un registro de agresores contra la integridad sexual efectivo permitiría además de brindar un claro mensaje a los abusadores, es un mensaje de acompañamiento y contención para los sobrevivientes. Para David, lo que falta es la empatía con quienes sufrieron el abuso sexual e identifica las discusiones provinciales como arcaicas y burocráticas, al servicio de los agresores considerando que provincias patagónicas como Neuquén y Chubut aplican el registro de agresores de manera efectiva.

A éstas se le suman Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Chaco, Misiones y Corrientes entre otras. “No sé qué esperan los funcionarios ni los diputados para avanzaron con su sanción, promulgación, reglamentación e implementación” denunció.

La referente de Prevenir, ayudar y contener a la niñez, Lorena Galeano, explicó que esta franja etaria es la más frágil, en el 47% de los casos, según estudios realizados en el 2016 por el Gobierno nacional, ocurre entre los 6 y 12 años. Identificó la infancia como una edad en la que se depende de lxs adultxs para sobrevivir.

“Necesitan que los contengan, guíen, es muy fácil manipular sus sentimientos y no tienen maldad, pero si la aprenden de los vínculos y el entorno. Están esperando ser amados” lamentó la psicóloga social. Las cifras oficiales revelan que en el lamentable 75% de los casos las agresiones provienen de los núcleos familiares de le pequeñx sobreviviente de abuso sexual. La psicóloga social explicó que ante mayor vulnerabilidad, mayor manipulación. Detalló que ésta es la mejor arma de los depredadores y que muchas veces construyen lazos durante años hasta concretar el ataque que se pena por ley.

“Casi siempre al poco tiempo vuelven a tener comportamientos iguales por los que fueron condenados” expresó. Agregó que solo la policía y entes judiciales tienen acceso al prontuario de cada ciudadano ya que se violaría el tratado de recuperación e inserción social de las personas encarceladas. “Lo que pasa con los agresores sexuales es que primero en la Justicia y después todos los ámbitos públicos y privados no se tiene conciencia de la gravedad de un delito sexual” detalló, explicando que las personas que disfrutan perpetuar su poder sometiendo sexualmente a otras están en todos los ámbitos sociales y las condenas no son lo suficientemente severas. Desde su perspectiva herir una parte tan integral como la sexual es un daño irreparable ya que debe percibirse con la amplitud que se merece englobando mucho más que el coito. 

“No podemos disfrutar de nuestra sexualidad porque la han tergiversado, está atravesada por un montón de conceptos patriarcales y machistas”. Desde la visión de David Catrihuala, el tabú y prejuicio sin dudas beneficia a los agresores y socaba a los sobrevivientes y sus familias, ya que muy pocas veces se toma dimensión de lo que significa un abuso.

La importancia de la Ley ESI

A principio de año desde el CPE declararon a TiempoSur que proyectan la ampliación del programa ESI. La implementación de Educación Sexual Integral, brinda herramientas para identificar el consentimiento y politizar las “experiencias privadas” en un ámbito público que vela por la protección e integridad en la todas las etapas educativas.

Los artículos 2 y 3 del proyecto que dependería del Ministerio de Gobierno, detallan que las notificaciones deberán efectuarse en un plazo no mayor a una semana después de la condena y el legajo deberá integrar los datos personales, la condena impuesta con detalle, perfil e historial. Esta legislación se basa en las tipificaciones de las Leyes Nacional 25.087 y 26.904, de delitos contra la integridad sexual y Grooming. Este último concepto, es la práctica mediante la cual una persona mayor contacta a una menor a través de internet para ejercer sometimiento sexual. Catrihuala identificó este proceso como complejo y por ello cree que es “fundamental la comunicación con nuestros hijos, advertirles sobre estos peligros y sobre todos creerles siempre”.