Piden dos años de prisión para los petroleros que bloquearon una empresa

Agencia Caleta Olivia

La nueva audiencia comenzó cerca del mediodía de ayer, y tal como ocurrió al iniciarse el  juicio oral y público, el 15 de abril, estuvo enmarcada desde el exterior por una ruidosa manifestación de referentes del Partido Obrero, de la CTA Autónoma y del gremio docente (ADOSAC).

El tribunal que se expedirá el lunes 7 de mayo, está conformado por los jueces Juan Pablo Olivera, Jorge Alonso y Mario Albarrán, en tanto que a los petroleros que a fines de febrero de 2014 bloquearon por varios días los portones de la empresa BACSA, se les imputa los delitos de coacción simple y entorpecimiento de la actividad económica.

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Declararon dos testigos referentes de la empresa que estaban en la base de Las Heras cuando produjo el bloqueo y actualmente desempeñan funciones en la de Neuquén.

A la audiencia, en la que hubo un fuerte operativo de seguridad a cargo de policías de la División Infantería, además de familiares de los imputados, asistieron dos dirigentes nacionales del ámbito gremial y político.

Se trata de Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA filial La Matanza quien también es candidata a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda y de Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Docentes de la Universidad de Buenos Aires.

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Demanda de la fiscalía

Luego de los alegatos, el fiscal de Cámara Ariel Candia solicitó al tribunal dos años de prisión efectiva para Martín “Cuellito” Oñate y dos años de prisión condicional para Néstor Vibares y Jorge Armoa (en libertad pero con advertencia a futuros hechos), considerándolos responsables de los delitos que se les imputan.

Vale señalar que los dos primeros eran integrantes de la comisión directiva del gremio de base, en tanto que el restante ejercía la función de delegado pero no contaron con la anuencia de otros dirigentes y los tres pasaron varios meses en calabozos.

Tanto Alberto Luciani, abogado defensor de Vibares, como Carlos Toledo Vargas, patrocinante de Oñate y Armoa, demandaron la absolución de sus defendidos.

De manera particular, Luciani dijo que el delito de “coacción” no estaba debidamente probado y el de “entorpecimiento de la actividad económica” no era responsabilidad de un obrero ya que esta instancia solo la puede llevar adelante una empresa.

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Los tres imputados hicieron uso de la palabra y en ese marco Oñate dijo que por un reclamo “terminamos presos; teníamos fueros gremiales que nunca fueron respetados y a nosotros no nos denunció ningún trabajador sino la empresa”.

A su turno Armoa consideró que “nosotros no cometimos ningún delito” y “el cien por ciento de los trabajadores (de BACSA) estuvo de acuerdo en llevar a cabo la medida”.

En tanto, Vibares dijo que “cada derecho que tenemos se consiguió mediante la lucha” y “nosotros como miembros del sindicato estábamos para defender eso”.

Latini: “No es casual el ataque a trabajadores”

Respecto al pedido de pena de la fiscalía, el dirigente del Partido Obrero, Omar Latini, dijo que “se quiere criminalizar a los trabajadores para hacer pasar el plan de ajuste del FMI” porque los mismos llevaron a cabo una lucha que se gestó por despidos en la empresa BACSA.

Por otra parte sostuvo que “no es casual el ataque a los trabajadores de parte de todos los partidos patronales, porque todos le aseguraron al FMI cumplir con el plan de ajuste”.

“Por ello –añadió-, desde el Frente de Izquierda - Partido Obrero impulsamos la defensa irrestricta del derecho a reclamar, porque es el reclamo y la huelga el único camino para frenar esta sangría anti- obrera”.