Para junio

Santa Cruz fue citada a audiencia de conciliación por reclamo de fondo soja

Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el amparo establecido el año pasado por nuestra provincia, entendiendo que el DNU del presidente Macri, estableciendo la eliminación del Fondo Federal Solidario, tenía vicios de argumentos incomprensibles.   

  • 25/04/2019 • 08:04
La Fiscalía a cargo del Dr. Tanarro había interpuesto el amparo.
La Fiscalía a cargo del Dr. Tanarro había interpuesto el amparo.

El año pasado Santa Cruz presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantear la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado en esa oportunidad por el presidente, Mauricio Macri, que dispuso la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS), conocido comúnmente como Fondo Soja.

Para la Provincia existían “vicios en el decreto por ser de necesidad y urgencia” y tenía “argumentos incomprensibles”. La iniciativa del Gobierno santacruceño fue analizada por las Fiscalías de Estado de otras provincias, que después se sumaron al reclamo. La mayoría de ellas habían manifestado la coincidencia de salir a proteger los derechos de sus respectivas provincias y municipios.

Pasado los meses -con fecha 23 de abril- la Corte Suprema convocó las provincias de Santa Cruz, Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Formosa, a una audiencia de conciliación. La misma fue convocada para el 26 y 27 de junio de este año a realizarse en la sede de la Corte Suprema.

Asimismo, se libró un oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El documento –al que tuvo acceso TiempoSur- lleva la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Rosatti.     

 

Qué era el Fondo Soja- Cabe recordar que el FFS provenía del 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, que eran repartidos entre las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fue constituido en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de distribuir los derechos de exportación. Se remarcó en el decreto que lo estableció que "la finalidad solidaria proviene del reparto de recursos de origen nacional para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en cada una de las provincias y municipios adherentes".

 

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