Leyes

Represas: la reparación a comunidades indígenas que siguen aguardando la consulta previa

Hubo tres reuniones en la mesa de diálogo ordenada por la Justicia Federal en 2017. En la última acordaron reparación e indemnización a los pueblos por la no realización de la consulta previa antes de la construcción de las represas, y también veedores. 

  • 22/04/2019 • 10:41
“Queremos que se haga la consulta que tiene distintos pasos y uno fue la mesa de diálogo”.
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Desde el fallo de la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017, que resolvió la realización de mesas de diálogo conformadas por comunidades e indígenas, Gobierno nacional, provincial y la UTE (conformada por la empresa estatal china Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A), sólo hubo tres reuniones.

La Justicia promovió estos encuentros para garantizar así el proceso de consulta previa, libre e informada, que como publicó este medio durante el 2018, es obligatorio, de acuerdo a convenios internacionales -como el 169 de la OIT- y leyes nacionales, para avanzar con la construcción de obras en sitios en los que se estima pueden existir enterratorios  sagrados, (chenques), como lo es en el caso del territorio que ocupan  las represas y cuya obra avanzó de igual modo.

El último encuentro se  realizó en marzo.

“Queremos que se haga la consulta que tiene distintos  pasos y uno fue la mesa de diálogo y tenemos que saber cómo se llevará adelante ya que debe existir un acuerdo que favorezca a los pueblos originarios”, indicó Sergio Nahuelquir, autoridad tradicional de la Comunidad LOF FEM MAPU.

Como no hubo consulta previa, acordaron en la mesa que exista una reparación e indemnización a las comunidades, por medio de dos puntos: primero, incorporar veedores en las represas - solicitaron seis, la empresa accedió a dos- que acompañarán  el trabajo arqueológico en la zona, denominados como técnicos interculturales. “La función de los técnicos que es acompañar al trabajo arqueológico para que traten con respeto lo que encuentren, ya que en el sitio puede haber chenques”, sostuvo Nahuelquir a TiempoSur.

Según informó la comunidad “los objetos que dicho equipo están clasificando y almacenando en tres contenedores (dos de 6 metros y uno de 12 metros) son fundamentales para la reconstrucción de su memoria y que, por lo tanto, tienen derecho a gestionarlos y a decidir sobre su destino final”. Además cuestionaron “que al día de la fecha no tienen información clara sobre lo que contienen dichos contenedores y que, según trascendió en los medios de comunicación, la provincia y la UTE firmaron un acuerdo para la realización de un museo en Comandante Luis Piedra Buena hace más de un año —cuando la mesa de diálogo ya se encontraba en marcha— sobre el que tampoco se les consultó”.

El segundo acuerdo

El segundo fue que exista reparación e indemnización a los pueblos por haber llevado adelante los trabajos sin la consulta previa. Esto será mediante proyectos integrales que financiarán el Estado y UTE en cada una de las 14 comunidades.

“Deben ser proyectos sustentables para la

comunidad”, aclaró Nahuelquier, como por ejemplo, purificación de agua y/o  centros de multifunción.

Esto incluyó establecer que el proceso de consulta consta de seis etapas “las cuales deben cumplirse obteniendo el consentimiento antes de avanzar a la siguiente”.

“La empresa aún no quiere reconocer que hay una orden judicial, que no están en condiciones de llegar a un acuerdo porque incumplieron con lo que fue la consulta previa”, acotó la autoridad tradicional.

 

Fue en Ginebra

El año pasado, antes de la segunda reunión de la mesa de diálogo que se realizó en diciembre, las comunidades originarias de Santa Cruz fueron a Ginebra, Suiza. Allí, con el aval de 21 Organizaciones No Gubernamentales presentaron  un informe que denunció la violación de los Derechos Humanos en 18 proyectos de empresas chinas, con participación estatal, que se desarrollan en cinco países de América Latina.

Según el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), de los 18 proyectos, siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos.

El informe advirtió que se afectan a 15 territorios indígenas; 12 corresponden a la región amazónica, 11 proyectos están enclavados en áreas naturales protegidas y 5 están ubicados en zonas de patrimonio cultural de la humanidad declarados por la Unesco.

El lugar

Las represas que se construyen sobre el río Santa Cruz sepultarán bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi 10 mil años esta meseta esteparia.

Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir “piedra pintada”.

No sólo hay dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material lítico y restos óseos.


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