"Educación no quiere que la gente tenga la posibilidad de elegir"

La polémica en torno al CODHELE no es nueva, sino que se desató en 2017. Desde aquel año a la fecha tanto la institución como el CPE han acudido a la Justicia para que ésta sea la que dictamine si está habilitada o no para que los chicos asistan a clase. Ante este panorama una vez más la cartera educativa está en búsqueda de la normalización de una escuela de gestión privada; cabe recordar los últimos antecedentes del ICEP y la Escuelita del Río. Y por el otro lado está la comunidad educativa que afirma estar habilitada, pero sufren la persecución del ente que la quiere ver con sus puertas cerradas.

La directora provincial de Educación de Gestión Privada, Lic. Laura Lezcano, rememoró que Educación hace dos años atrás intimó a los propietarios del CODHELE a no abrir porque no tenía la documentación pertinente presentada: "Hay normativas específicas que todas las instituciones deben cumplir, pero esta empresa no cumple con todas la documentación que se solicita a través del Acuerdo 185/97", dijo. Añadió que a pesar que se le indicó que debía abstenerse de dictar actas educativas dan inicio haciéndose responsables -según una nota que figura en el expediente manifestó la funcionaria-. "Desde allí empiezan las irregularidades y se judicializa la situación porque van y vienen los amparos".

Añadió que el CODHELE nunca tuvo su clave única de establecimiento educativo, que una vez que se obtiene la escuela puede certificar, dar títulos, pases y toda documentación propia de una escuela. "No la obtuvo porque no hizo los trámites", dijo. "Nosotros entendemos que los papás en su afán de que sus niños tengan clases fueron engañados por esta empresa", estimó la funcionaria provincial.

En este marco añadió que en diciembre del año pasado en una sesión del CPE se acordó la clausura de la institución. Posteriormente viajaron a Las Heras y se puso en marcha un dispositivo de acreditación para todos los estudiantes que hasta el 2018 asistieron allí, y así puedan contar con su acreditación, para posteriormente inscribirse en las escuelas de gestión estatal de Las Heras. En febrero el CPE tomó conocimiento que a pesar de la clausura abren la empresa y los estudiantes empiezan a asistir nuevamente. "Los papás están en pleno conocimiento de que esta empresa no puede otorgar certificaciones y están (los estudiantes) en una situación de total vulnerabilidad porque no están escolarizados para el sistema educativo de la Provincia".

Se presenta nuevamente un recurso ante esta situación porque "es un grave delito" -dijo Lezcano-, y se le suman dos denuncias penales porque el proyecto educativo que presentó la empresa fue elaborado por una serie de profesionales, que luego hacen una presentación por escrito desconociendo totalmente ser los autores de este proyecto. Asimismo, comentó que la otra presentación fue porque los chicos que terminaron Séptimo Grado y que debían contar con su aval de terminalidad del nivel primario fueron certificados a través de la CODEDPIT que sí está autorizada para funcionar en nivel primario, es decir, los estudiantes de Las Heras egresaron como si fueran alumnos de Pico Truncado.

Lezcano mencionó que fue por las redes que se enteraron que se había apelado el fallo del Dr. Ghio que indicaba que debía cerrase la institución, se la multaba por cada día que permanecía abierta y debía permanecer una consigna policial. No obstante, "apareció otra situación irregular", expuso, como el fallo de la camarista Griselda Bard decidió aceptar el pedido del CODHELE y permitió que volviera a dictar clases. La Jueza terminó siendo recusada por el CPE porque tiene  relación específica con uno de los dueños de la empresa, mencionó, y se pidió un recurso de nulidad y un recurso de reposición contra la Dra. Bard, además de la contestación del recurso de apelación que presentó el CODHELE contra la sentencia de Ghio y un Per Saltum para que el Tribunal Superior de Justicia se avoque a la resolución del asunto dada la gravedad institucional en juego.

Violencia política

Por su parte, el abogado de la institución Gabriel Ruiz afirmó que aunque la escuela había hecho todos los trámites el CPE le negó el reconocimiento de los títulos, lo que derivó en la presentación de un recurso contra esa resolución que está en manos de la Gobernadora. Además hay tres más "uno que ya ganamos en primera instancia que es del año pasado", más los recursos de los padres y otro del colegio. De forma paralela surgió la causa iniciada por el CPE para que se cierre el colegio. Sobre el lugar que el juez Ghio le dio a la presentación de la cartera educativa, el abogado consideró que busca que los pequeños no puedan entrar a su institución mediante el uso de la fuerza pública. Asimismo, consideró que no tiene fundamento la recusación a la jueza porque ella no tiene ninguna relación con nadie de la sociedad. Además el ex marido -al que se apuntó como vínculo y de quien ella ya está divorciada- no participa de la sociedad: "Es una pavada procesal y algo sumamente grave que está vinculada a cuestiones políticas".

Aseguró que estas maniobras llevaron a que muchos padres lleven a sus hijos a otras instituciones. Sin embargo, afirma que ningún papá quiere que el CODHELE no vuelva a funcionar: "Si el colegio queda habilitado será masiva la cantidad de gente que venga porque están re calientes por cómo está la educación pública", dijo. Y sentenció: "Es a propósito porque no quieren que la gente tenga posibilidad de elegir".

Seguidamente consideró que en medio de este caso hay una clara persecución. Alegó que el supervisor que aprobó el plan pedagógico del CODHELE terminó denunciado por el CPE, al igual que una jueza y defensora que dieron visto bueno a la presentación. "Ahora le hacen lugar a la locura de enviar patrulleros a la escuela; la Cámara lo revisa, suspende la sentencia, y la Jueza también termina denunciada por el CPE. Hay un patrón de violencia política que en realidad es que no quieren que el colegio abra. Todos los funcionarios judiciales o administrativos que dictaminaron a favor del colegio fueron denunciados penalmente o queridos se recorridos de la causa".