El argumento de Ruiz para no informar resoluciones, la ley y el amparo

El lunes 1º de abril el juez Francisco Marinkovic declaró procedente el amparo presentado por el edil Daniel Roquel, quien solicitó al presidente del HCD, Evaristo Ruiz "remita la totalidad de las resoluciones emitidas por Presidencia del HCDRG desde el 10/12/2018 hasta la actualidad".

La presentación en la Justicia por la cual deberá contestar la demanda Ruiz -  solicitó al Juez disponga una medida cautelar- fue consecuencia de la no contestación de Ruiz de las Notas 007-B.U.C.R/19 y 008-B.C.U.R/19 presentadas con fecha 1º de enero y la Nota Nro. 011-B.U.C.R/19 presentada el 6 de enero, como señala el amparo.

Conocer estas resoluciones permitirá - sospecha Roquel- saber los contratos efectuados que permitieron ingresarlos al Concejo Deliberante (y otros que fueron renovados).

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Aunque Roquel (y sus pares Juan Kingma, Fabián Leguizamón) quieren conocer también el manejo de los recursos del HCD que hizo Ruiz, porque corresponden al erario público. 

Esta información es pública y como precisó el amparo, la Municipalidad de Río Gallegos adhirió a la Ley 3450 de Acceso a la Información Pública (aprobada el 29 de junio de 2017 y promulgada el 14 de julio del mismo año) mediante la Ordenanza 8796/17.

Pero en diálogo con Tiempo FM, Ruiz sostuvo que existe "una ordenanza en Río Gallegos que establece al acceso a la información que no está vigente porque no está publicada ni reglamentada", y advirtió que "en conjunto con otra normativa que refiere al resguardo y al preservación de información sensible en cuanto a datos personales".

Según Ruiz, su par Roquel quiere divulgar públicamente "datos concernientes a la situación laboral del personal del Concejo", como remuneración y estado laboral. "Tengo la obligación de resguardar y que no se divulgue públicamente como pretende Roquel", agregó.

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El edil no lo marcó directamente pero hizo mención al Artículo 10 inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública, referido a la excepción de dar información. Esta sostiene que será: "Cuando se tratare de información referida a datos personales de carácter sensible (en los términos de la Ley Nacional 25.326) cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada".

Pero además precisó que "Roquel mezcla cuestiones políticas-partidarias con cuestiones legales" y que "busca tener material para hacer operaciones políticas y mediáticas".

Ruiz indicó también que los concejales tienen acceso a esa información y la Municipalidad toma conocimiento del personal.

"Parece que tendríamos que mudar el Concejo Deliberante al juzgado del Dr. Marinkovic y que decida todas las cuestiones internas políticas del Concejo Deliberante", concluyó. 

"RENOVACIONES"

"Es algo político. El Presidente tiene la facultad de renovar y dar de baja o altas a los contratos", indicó por su parte el edil Eloy Echazú (FPV-PJ). El Concejal  fue señalado por Roquel, al igual que  Alejandro Leal y Martín Medvedovsky de haber negociado contratos con Ruiz.

"En tres gestiones radicales hubo contratos nuevos, esto no es de ahora", argumentó.

Pero Echazú aclaró que "se cuestiona la falta de información", pero que "se debe mandar la información como corresponde". "Debe contestar Ruiz, porque muchas fueron renovaciones de contratos", aunque marcó que "el extremo es judicializar" el pedido.

"Si es por eso -comparó- el Intendente no ha contestado ninguno de los pedido de informes, y debería haber un juicio por cada sesión".