Qué dice el proyecto que promueve una “Ley de Protección de los Recursos Naturales”

Diputados que pertenecen –tanto al bloque oficialista como opositor- buscan ratificar la propiedad originaria de los recursos naturales, e inhibir que puedan llegar a ponerse como garantías de pago de la toma de deuda que lleva el Gobierno nacional.

La iniciativa está impulsada por el diputado por Pueblo de Río Turbio, Darío Menna, junto a los legisladores Matías Mazú (ambos del FPV), Daniel Gardonio y Gerardo Terraz (UCR), y con la previa aprobación del Poder Ejecutivo.

No serán garantías- TiempoSur tuvo acceso al proyecto que establece, en su artículo primero, que “los recursos naturales de Santa Cruz, como son los yacimientos hidrocarburíferos, líquidos y gaseosos, fósiles y minerales como el carbón u otros, incluyendo los turísticos e hídricos, más los correspondientes por plataforma marítima continental, no pueden ser considerados como toma de garantías de bienes de cambio en las operaciones financieras que lleve adelante el Gobierno nacional”.

Dicha negativa abarca a “organismos, entidades, en las formas de toma de empréstitos, deuda, emisión de bonos del tesoro nacional u otros afines de intereses foráneos y extranjeros”, ya que “los recursos son patrimonio inalienable e imprescriptible del territorio santacruceño; y en cuanto corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, conforme lo establece el artículo 124º de la Constitución Nacional Argentina; los Arts. 234º, 235º, y 236º del Código Civil y Comercial de la República Argentina; y la Ley Nacional 26.197”.

Las provincias son las dueñas- En los argumentos esgrimidos por los diputados, sostienen que “ante maniobras” del Poder Ejecutivo Nacional en las tomas de deuda a organismos financieros internacionales, “no solo se fijan distritos extranjeros para los litigios judiciales que puedan surgir por el pago de los mismos; sino que además rozan la disposición de la posible puesta de los recursos naturales como garantías de pago”.

Al respecto y a modo de ejemplo, señalaron el Decreto P.E.N. 334/2017 “Prórroga de Jurisdicciones en Tribunales extranjeros para realizar operaciones financieras en representación de la República Argentina”; donde entre otros puntos, se dispone “la renuncia a oponer defensa de inmunidad soberana”.

“Es importante resaltar en este cuerpo colegiado legislativo; que en nuestro país no existe un sistema colectivista, o de dirección de la planificación centralizada, donde el Estado nacional tiene el dominio totalitario de los recursos en los distintos territorios y es el Gobierno central el que dispone de los recursos; porque son las provincias las dueñas originarias de los recursos naturales; y por cuanto estos son patrimonio enajenable e inprescriptible para su desarrollo”, aclararon.

Finalmente, subrayaron: “Nuestros recursos naturales conllevan al desarrollo de nuestros pueblos; de nuestros ciudadanos. Y es aquí donde debemos pensar, que así como en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se incorporaron derechos de tercera y cuarta generación, precisamente para que sea el Estado el garante de que se cumplan los derechos constitucionales; debemos pensar si desde la soberanía originaria del dominio de nuestros recursos naturales acaso no deviene también un esquema que liga con un derecho humano, un bien social; más allá, o sobre lo fundado en el derecho territorial”.