La odisea de denunciar a un integrante de las fuerzas por violencia de género

Las tierras cuyanas fueron el hogar de la joven hasta septiembre de 2016, cuando decidió ir a probar suerte a Luis Piedrabuena. Entro al ejército rápidamente y este trabajo fue la única manera de darle dinero a su hijo de 2 años en ese entonces, con el dolor que implica la distancia obligada por la falta de oportunidades. Ya no quería trabajar más en las viñas o 12 horas por día en panaderías, el dinero que ofrecían era una miseria y tiene dos hermanos más que dependen del sueldo de sus padres. 

El 12 de septiembre la joven madre soltera comenzó el curso de ingreso a las fuerzas. Durante los tres meses que dura este proceso ella conoció a C. J. El formoseño llevaba más la mitad de su vida en Santa Cruz y dos años en el cuartel. Superado el ingreso, comenzaron a conversar por mensajes de texto. P. vivía con sus tíos que “no me dejaban salir” explicó, pero lograba escabullirse para encontrarse con C. J. de todas maneras.

La joven adjetivó como el mismo infierno a lo que vino después. Entre idas y venidas C. J. quiso cambiar el ejército por comisaría, para que no lo trasladen de la provincia y entró a la escuela de cadetes de la Policía de Santa Cruz en Río Gallegos. Ella decidió no pertenecer más al ejército y repartió currículums vitae en la ciudad capital. Dentro de la institución de Piedra Buena más de una vez había oído que las mujeres no estaban a la altura del lugar. Aquí durante días fue violentada de muchas maneras. C. J. la encerró, literalmente el joven le cerró la puerta contra su voluntad en más de una ocasión. Denuncia que la violentó sexualmente ya que se negaba al uso de preservativos y reaccionaba violentamente cuando no quería tener relaciones y mucha denigración más en la primera cuadra de la calle Banciella. “Aguanté porque lo quería” manifestó la sobreviviente.

“Mi familia en Tupungato me dijo que si no iba a ver a mi hijo por 8 meses no podía volver en cajón” temió P. La comisaría de la mujer la encontró calmada y decidida, lo venía pensando hace mucho y la amenaza de tirarla desde el balcón de segundo piso evidenció que sus amenazas podrían cumplirse. “Me dijo que me iba a matar” denunció la joven. No obstante el documento manifiesta la causa de lesiones leves, confirmadas por el médico policial. P. luego de pensarlo unos días entiende que fue un intento de femicidio.

Apenas pudo tomó sus bolsos y escapó encontrando refugio en casa de amigas de Río Gallegos. El 14 de Marzo notificaron a C.J. sobre la prohibición de acercamiento, de acceso a la vivienda y todo tipo de comunicación y contacto. El joven que cursa segundo año como cadete policial ya la acosó por las redes sociales. Ella expresa miedo por lo que representa visibilizar estos casos pero valentía al mismo tiempo por poder contarlo. Comenta que dentro de las fuerzas se conocen casos de violencia hasta dentro de los cuarteles desde los estamentos más superiores hasta los ingresantes y “casi siempre quedan impunes”. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional brindó cifras alarmantes el mes pasado, en 2018 uno de cada cinco femicidios fue propiciado por un hombre dentro de las fuerzas de seguridad.

El machismo interno 

“Las mujeres cuando denuncian dentro de las fuerzas no pueden acceder como alguien ajeno a las instituciones” denunció la licenciada Gabriela Macías. La oficial principal expresa que desprotección y falta de seguimiento son reacciones más marcadas aún cuando el denunciado está en las Fuerzas de Seguridad. Ella está impulsando una Ley Nacional con perspectiva de género desde la Red de Mujeres Policías. Desde este espacio ven la necesidad de un órgano externo para el tratamiento de estos casos y evaluación de los sumarios de las denunciantes, que suelen ser muy numerosos según la oficial que se identifica feminista.

La mayoría de los reglamentos de las Fuerzas Armadas están redactados en masculino y no contemplan embarazo, abuso, acoso e incluso vestimenta. “Toda su intimidad se conoce por la institución y se caratula como carpeta psiquiátrica” comentó la licenciada. No es que las denuncias cada vez son más según Gabriela, es que antes no existían espacios de contención como la red nacional, donde muchas de las causas que llegan actualmente tienen años de violencia.

Un ejemplo de castigos históricamente utilizados contra las denunciantes es la respuesta: “No es para tanto, exageraste sobre el abuso, podés irte a trabajar a otro lado, te trasladamos a otra unidad como mecanismo de castigo para la mujer” comenta la oficial. Cabe destacar que en 2016 firmaron el traslado de Natalia Tolay tras la marcha de #NiUnaMenos donde visibilizó su situación de violencia y hostigamiento. Ella se resistió a tener que buscar nuevos espacios de vivienda y educativos para ella y sus hijos con el desarraigo que representa.

Tampoco han trascendido avances con el caso del grupo de mujeres que denunció acoso sexual en la Fuerza Aérea de Río Gallegos en agosto de 2018. Las denuncias cajoneadas y paralizadas hacia adentro de las instituciones son moneda corriente desde la mirada de la licenciada Gabriela Macías. “Muchas veces quienes investigan estos sumarios son los amigos de los involucrados”. Explicó que esta situación se repite a la hora de buscar las pruebas trabando y obstruyendo el acceso a la Justicia. Las mujeres se están organizando para visibilizar estos hechos violentos en la Cámara de Diputados provincial y así presentar el proyecto nacional de la Ley Policial con Perspectiva de Género. La impunidad está comenzando a quedarse en el pasado en todos los espacios con el avance transversal de los derechos de las mujeres.