Llegarán a Santa Cruz dispositivos duales, monitorean a la víctima y al agresor

“Se les ha dado una solución efectiva a 428 mujeres”, resaltó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y explicó que esta tecnología permite solicitar ayuda o activar una alerta de pánico en las situaciones en las que la víctima perciba que su seguridad está amenazada o en peligro. Desde la implementación de este procedimiento, las provincias no han reportado casos de agresiones mientras la víctima usaba el dispositivo.

En ese sentido, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez subrayó que “El objetivo es que las medidas de restricción de acercamiento en los casos más graves se cumplan. Esta tecnología, al ser georeferenciada, aumenta la efectividad de la respuesta ante situaciones de riesgo porque permite actuar con antelación cuando el agresor se esté acercando”.

Los equipos se componen de dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor, además de una tobillera que se asegura al cuerpo de este último. Si esta  se intenta manipular, sacar o romper se activa una alarma.

El sistema monitorea la ubicación y fija zonas de exclusión o de peligro como el domicilio o lugar de trabajo de la víctima, el colegio de los hijos, entre otras. Ante una eventual violación del perímetro se emite una alerta, dicho incumplimiento tiene valor probatorio en la causa judicial.

A través del uso de los dispositivos se traslada la carga de la alerta de la víctima al Estado, lo que permite que la mujer pueda recuperar su vida cotidiana.

La cartera de Justicia, a través de la firma de convenios de colaboración, cedió 600 de estos dispositivos duales a las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Chubut, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Jujuy. En tanto Misiones, Río Negro y Santa Cruz contarán próximamente con el sistema. Las jurisdicciones son las encargadas de implementar los dispositivos, a partir de las solicitudes que realicen sus respectivos poderes judiciales.

Previamente, cada jurisdicción debe establecer un Centro de Monitoreo que permita el seguimiento geolocalizado las 24 horas, los 365 días del año y fijar protocolos de actuación.

Los dispositivos se colocan en el marco de procesos judiciales, esto significa que debe existir una investigación originada a partir de una denuncia previa. “Las restricciones de acercamiento se disponen para prevenir situaciones de peligro. La denuncia es fundamental para que la Justicia intervenga en estos casos, se logré la sanción del agresor y se asista, acompañe y proteja a la mujer”, concluyó Rodríguez.