Tanarro: “No cualquier avión puede ser acondicionado como avión sanitario”

El 8 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó con 10 votos a favor y 9 en contra un proyecto de Resolución autoría del diputado Jorge Valenzuela (UCR) para que el Ejecutivo Provincial tramite ante el Jugado Criminal y Correccional N°10 el “aprovechamiento”  del avión que la propia justicia embargó al Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López.

Sn embargo, según indicó el fiscal de Estado Pablo Tanarro, esto no será sencillo por diversos motivos. En primer lugar sostuvo que “no cualquier avión puede ser acondicionado como avión sanitario” y segundo, para que esto se realice, el avión debe ser enviado a Estados Unidos, lo que devenga un alto costo.

“El costo es altísimo y además es casi imposible por cómo está el avión”, el cual estuvo dos años sin ser utilizado. “No es tan sencillo porque además exige una logística para enviarlo a Puerto Deseado, cuando existen dos aviones sanitaros que funcionan sin problemas, y no existe una situación de urgencia porque no hay problemas con las derivaciones”, agregó el Fiscal.

Informó además que existe un informe de la Dirección de Aeronáutica el cual señaló que “no se podía acondicionar“. “Podría no concretarse porque no cualquier avión puede ser avión sanitario”, reafirmó.

En marzo del año pasado, vecinos elevaron la solicitud a la Justicia para disponer del avión, pero además juntaron más de 5 mil firmas; firmas virtuales a través de la plataforma digital Change.org;  acudieron la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación; obtuvieron solicitudes de directores de los hospitales.

En 2017 intentaron la misma medida pero con una avión de Lázaro Báez, empresario de la Construcción, pero fue destinado a la Policía Federal y la Comisión de Investigación de la ANAC.

DENUNCIA

En tanto ayer trascendió que el pasado 1º de febrero, Omar Latini, referente del Partido Obrero, presentó una denuncia  penal “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de Funcionario Público” contra el propio Fiscal de Estado, por “no haber dado cumplimiento” a la Resolución aprobada en la legislatura.

“No tengo la obligación de cumplir como fiscalía”, aclaró Tanarro a este medio.

En este marco, el Fiscal de Estado también acudió a la justicia y realizó una denuncia en los términos del artículo 35 de la Constitución Provincial por la que efectuó Latini en su contra, momento en el que expone "dada la claridad del tema en cuestión, pero dada la obligación que me impone el art. 35 de la Constitución Provincial debo denunciar, solicito desde ya se declare la inexistencia del delito que se me atribuye".