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Intimaron a beneficiaros de pensiones por discapacidad y ANSES recomendó asistir solo si los notifican

La Agencia Nacional de Discapacidad notificó a más de nueve mil personas por haber detectado incompatibilidades. El año pasado se quitó este beneficio sin previa consulta y hubo amparos en todo el país.

ANSES delegación Río Gallegos.
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Según informó el sitio Chequeado.com la Agencia Nacional de Discapacidad notificó a más de nueve mil personas por haber detectado incompatibilidades en el cobro de pensiones por invalidez laboral.

En detalle, informó que más de mil de ellos solicitaron un turno ante la ANSES y presentaron un descargo para justificar su incapacidad, mientras que más de 300 renunciaron voluntariamente al cobro.

Este año -agregaron- la Agencia emitió una resolución en la que detalló cómo sería el procedimiento administrativo para dar de baja las pensiones. Por eso, comenzó a notificar a algunos beneficiarios sobre presuntas incompatibilidades, en donde el beneficiario tiene diez días para sacar un turno en la ANSES y luego debe presentar la documentación para verificar si cumple con los requisitos para cobrar una pensión. Si no se presenta, pierde la pensión.

“La recomendación es ir a la ANSES para actualizar los datos pero solo si les llega la notificación”, precisó    TiempoSur, Carlos Ziehlke, jefe Regional Sur de ANSES. Indicó que “esto no significa que se la vayan a sacar, sino que se notifica pro alguna inconsistencia”.

El año pasado, como publicó TiempoSur,  hubo amparos presentados en la Justicia por la quita de este beneficio que se efectuó sin ninguna corroboración previa, y que afectó a decenas de santacruceños. Según recordó el mismo sitio, esta baja fueron en base a un decreto de 1997, que establece algunas exigencias para las personas que quieran cobrar una pensión por discapacidad, como “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”. Esta norma no había sido derogada por ningún gobierno desde 1997, pero durante las gestiones anteriores se habían flexibilizado los requisitos.

Con este Decreto, el Gobierno dio de baja 93 mil pensiones en 2017. Pero buena parte de ellas (todas, con excepción de las que están bajo jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma) fueron repuestas por un fallo de la Justicia Federal de la Seguridad Social, que señaló que no se había cumplido el debido proceso y dispuso cautelarmente la devolución de las pensiones.


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