Es inminente una reunión entre provincia y Nación por el Samic

La semana pasada los trabajadores del hospital de alta complejidad Samic de El Calafate llevaron a cabo dos jornadas de paro en repudio a la falta de respuestas que dan desde la intervención que encabeza Gastón Ortiz Maldonado en un escenario de malestar que se profundizó con la muerte de la médica Patricia Pérez, atribuida por los profesionales a un recargo horario y estrés.

Tras la muerte de Pérez, sus compañeros se declararon en estado de alerta y llevaron adelante asambleas para establecer medidas al respecto pero no fue hasta el jueves que pudieron reunirse con el interventor, que hacía más de dos semanas que estaba fuera de la ciudad.

La declaración del paro se hizo luego de esa reunión en la que no tuvieron respuesta a un petitorio de más de veinte puntos del área de cirugías, entre los que se encuentran la falta de mantenimiento de equipos, pago del plus por productividad, regulación de la temperatura de quirófano, conocer el estado de trámite de reparación del Arco en C, la solicitud formal de una auditoría externa, verificación de la validez de los chalecos, puesta en funcionamiento de la sala de recuperación post anestesia,  designación de un jefe médico entre otros.

Sin embargo, en declaraciones a Tiempo FM, Ortiz Maldonado sólo se ocupó de decir que las quejas del personal tenían que ver con el aire acondicionado y algunas cuestiones de baja importancia.

Más tarde, un comunicado del comité calafatense de la UCR criticó en duros términos a los profesionales del Samic, a los que acusó de hacer política y buscar algún tipo de rédito personal con el paro. Ese comunicado fue a su vez cuestionado por otras autoridades del partido que no estuvieron de acuerdo con que el espacio político se metiera en el conflicto laboral con el único fin de salvar la imagen de Ortiz Maldonado.

Sucede que previo a la declaración del paro, los trabajadores pidieron la salida del interventor y de todo su equipo.

Mauro Sánchez es delegado de los trabajadores nucleados en ATE, que le aseguró la semana pasada a este medio que el hospital está sufriendo un éxodo de profesionales, entre ellos el referente máximo del área de diálisis. Esto provocó, tal como lo informó TiempoSur el viernes, que un grupo de once pacientes tuviera que hacer una presentación en Fiscalía.

Fuentes gubernamentales le dijeron a este diario que en función de todas estas circunstancias que evidencian una crisis sin precedentes en el Samic, las autoridades de Salud de la Nación habrían decidido mantener una reunión con las del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, aunque se desconoce específicamente qué discutirán.

Hay que recordar que el hospital inaugurado en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández originalmente estableció una administración tripartita, en la que la Nación aportaba el 70% de su financiamiento, la provincia el 25 y el municipio el 5% restante. Esto cambió cuando el poder central decidió que el hospital fuese intervenido, sin que mediaran denuncias por mal manejo del nosocomio.

En este contexto se fueron dando denuncias cruzadas. Por un lado la intervención acusa a la Caja de Servicios Sociales de tener una deuda por la atención de sus pacientes en el Samic, y por el otro la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Tanarro ya envió varias cartas documento a Ortiz Maldonado para que se ponga al día con el pago de los aportes jubilatorios del personal, que ya superan los 80 millones de deuda.

Sin embargo, la diferencia más difícil de limar se da porque el Gobierno de Alicia Kirchner viene denunciando que desde que el hospital fue intervenido no saben de qué manera fueron administrados los recursos, algo que la intervención no informa. De hecho, meses atrás llevaron un grupo de cajas con documentación pero fue incompleta.