Piden que el Tribunal resuelva el conflicto por la designación de Pavez en el Ejecutivo Municipal

A través de un Proyecto de Resolución que presentarán en la sesión del próximo jueves, los ediles Basilio López (Partido Vecinal), y Nicolás Brizuela (FPV-PJ) solicitarán que el Tribunal Superior de Justicia resuelva la “Acción de conflicto“ que el asesor letrado Sandro Levín interpuso el pasado 7 de noviembre y que exige la nulidad de la elección Claudia Pavez, como presidenta del cuerpo.

El abogado señaló que hay dos intendencias paralelas, por lo cual pidió la nulidad absoluta de esta designación.

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TiempoSur anticipó dos días antes lo sucedido en la sesión del 1º de noviembre, cuando Karina Nieto (FPV-PJ) y Samir Zeidán (Cambiemos) votaron a Pavez para que presida el recinto, y así reemplace a Brizuela en la Intendencia Interina. Este sector entendió que el mandato de Brizuela finalizaba el 4 de noviembre, cuando se cumple un año de la elección de autoridades. Sin embargo, Brizuela y López  sostienen que es el 15 de marzo, ya que ese día se cumple un año de la modificación de los cargos (que incluyó cambiar al Vicepresidente 1°, que en noviembre ocupaba Zeidán) que se realizó como consecuencia luego de que la Justicia Federal detuvo a Atanacio Pérez Osuna.

El proyecto señala que “al día de la fecha, no hay Resolución alguna por parte del Máximo Tribunal de la Provincia por este conflicto, consideramos que afecta naturalmente el accionar de la comuna al tener dos conducciones paralelas”, y que el Dr. Levín todavía no tiene “noticias a pesar de la visita a ese Tribunal”.

“Existe gran preocupación dentro de la población, por cuanto el Ejecutivo de ese momento venía desarrollando las actividades tanto en Obras, como en lo social con excelente auge, poniendo el alto el valor de la gobernabilidad y, el mismo mandato vencía el 15 de marzo del 2019. Hoy vemos una retracción que el Pueblo no merece, máxime cuando estamos ante una situación climática favorable que debemos aprovechar, no realizarlo, significa retraso”, marcaron. 

También que “la medida dictada el 1º de noviembre del presente año es atípica y, elegida por falta de legalidad y, con ello asumió la intendencia de manera arbitraria sin tener en cuenta la revocatoria respectiva constituyendo un falaz atropello a la Ley Provincial 55, norma por la cual se deben signar la vida institucional de los municipios”.