Tanarro defendió la ley que “regula la competencia desleal”

Tal como lo informara TiempoSur, la Legislatura de Santa Cruz sancionó la semana pasada la reforma de la Ley Uno, Orgánica del Poder Judicial, que estableció una serie de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de abogado.

Básicamente la ley modificó el Artículo 116 de la norma, que ahora establece quienes podrán ejercer la profesión de abogado en la Provincia de Santa Cruz pero además, en su inciso “b” le prohíbe a los magistrados y funcionarios judiciales que se hubieran jubilado, renunciado o que hayan sido destituidos, que puedan ejercer como abogados ante “el fuero al que hubieran pertenecido o por el término de cinco años a partir de su cese”.

Tampoco podrán litigar a través de los socios que pudieran tener en sus estudios jurídicos particulares a, tiempo que la ley establece luego que los abogados que presten servicios para el Estado provincial no podrán patrocinar juicios en su contra.

La modificación fue rechazada por la Asociación de Abogados de Río Gallegos y lamentaron que “se nos siga negando la posibilidad de contar con una ley específica que regule nuestra profesión de manera integral y razonable, y nos otorgue la regulación de la matrícula a los propios abogados”.

A través de un comunicado, la Asociación advierte que evaluará “los pasos a seguir” contra la ley, porque la Legislatura “incorporó nuevas incompatibilidades absolutas para el ejercicio de la profesión de abogados en el caso del desempeño de determinados cargos políticos que no tienen correlato con norma provincial alguna que establezca similar limitación para el ejercicio de otras profesiones en particular; por todo lo cual entendemos que con esta ley se profundiza la discriminación que sufre el colectivo de los abogados”.

Frente a este desplante, el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, que trabajó en el proyecto sancionado el jueves pasado, le dijo a TiempoSur que “decir que salió una ley exprés es una falta de respeto. Lo que se aprobó fue un proyecto que estuvo consensuada con el Poder Judicial y muchísimos colegas que aportaron lo suyo”.

Dijo que la Ley Uno se modificó “para primeramente resolver la cuestión de las subrogancias; algo que llamativamente siempre había solicitado la asociación”, en sintonía con lo que venía reclamando la Corte Suprema y denunciando la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Respecto de las incompatibilidades, el Fiscal indicó que las mismas “se ordenan” porque actualmente “surgían de distintas leyes que daban lugar a confusiones”. Asimismo, sobre la prohibición para que los jueces y funcionarios jubilados ejerzan la profesión en el mismo fuero donde se desempeñaron, Tanarro precisó que “ahí se regula una cuestión de competencia desleal, amén de ética que se daba en algunos juzgados, en donde los jueces al día siguiente de jubilarse litigaban e inclusive patrocinando a quienes habían estado juzgando”.

Finalmente, el Fiscal aclaró que está a favor de la colegiación obligatoria, y recordó que incluso “fui uno de los redactores e impulsores del proyecto votado en el año ‘91 y que fue vetado”. Si bien comparte la idea, para Tanarro el tema debe ser debatido “con seriedad, desde nuestra profesión y con todos los abogados, no solo con quienes creen tener una representación que en los hechos no tienen”.