A través de un oficio que le fue enviado a los responsables de la FM Imagen de Comandante Luis Piedra Buena, para que habilitaran la grabación completa de la nota que le hicieron a Eduardo Costa meses atrás, se pudo conocer que existiría una investigación del fiscal Gonzalo Miranda, para determinar si acaso el Senador nacional por Cambiemos incurrió en un delito. “Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Fiscal Federal Subrogante de la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, en autos caratulados ‘Averiguación presunta defraudación contra la administración pública’ caso 36622/2018 de trámite ante esta fiscalía, a fin de solicitarle copia en soporte digital de la entrevista radial que se le realizó al senador Eduardo Costa durante la cual el nombrado dialogó sobre el monto de las licitaciones de obras públicas para la provincia de Santa Cruz, realizadas por Vialidad Nacional…” se lee. En abril de este año, Costa pidió en la entrevista que había que subir el presupuesto de obra del puente de Piedra Buena, sobre la ruta 3, cuya licitación había quedado desierta. "Si con 14 millones de pesos no conseguiste dos empresas, o una, para hacer la obra, subí el monto para que aparezca alguna", sugirió el Senador. En ese punto, el Senador recreó una supuesta conversación con autoridades de Vialidad Nacional a las que les dijo: “Bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste dos empresas, o una, para hacer la obra, subí el monto para que aparezca alguna empresa… acá valdrá 20 millones, levantá el valor porque la necesitamos”. Vale mencionar que durante la última semana el puente de Piedra Buena fue el centro de cruces entre la provincia y el Gobierno de Mauricio Macri, ya que Vialidad Nacional entiende que el deterioro de la obra no es nada que deba generar temor. La respuesta del Gobierno de Alicia Kirchner, vía Fiscalía de Estado fue una carta documento con la que el viernes intimaron a Vialidad Nacional a iniciar las obras de reparación en un lapso de 48 horas, advirtiéndoles además que cualquier peligro para la vida de las personas y los bienes correrán por cuenta del Gobierno Nacional, esto, como consecuencia de tener jurisdicción sobre la ruta 3.