El Tribunal de Cuentas declaró abierto el juicio administrativo contra Cantín

Los concejales radicales de la Comisión de Presupuesto denunciaron penalmente el pasado 5 de julio a 11 ex funcionarios, incluido el ex intendente Raúl Cantín, en lo que fue una ampliación de la denuncia realizada por el Tribunal de Cuentas en el año 2016.

La novedad es que el propio Tribunal de Cuentas recibió la ampliación de la denuncia realizada por los tres concejales: Daniel Roquel, Fabián Leguizamón y Juan Manuel Kingma, e informó que se declaró abierto el “Juicio Administrativo de Responsabilidad N°01/18” caratulado “Presunto Perjuicio Patrimonial en la contratación de maquinaria vial por la Municipalidad de Río Gallegos”.  

“Modus operandi”- Paralelo a la causa administrativa, va la causa penal. La presentación que se hizo en su momento ante la jueza Marcela Quintana, expuso –en síntesis- que durante que ese momento el Ejecutivo y los funcionarios mencionados en la causa, legitimaron el pago por alquiler de maquinarias que no tendían documentación y cuya documentación habría sido adulterada.

“Existen argumentos válidos” de que existió “una actividad delictiva”, porque en la investigación administrativa que realizaron desde el Concejo Deliberante “se detectó el mismo modus operandi, con rendiciones de boletas y tramitación de pagos mediante fotocopias que se habían extraviado y estaban sobrescritas, pero nosotros encontramos los originales”, indicó en su momento a TiempoSur el Dr. Germán Juárez, que interpuso la denuncia contra el ex el Jefe comunal y funcionarios por presunto fraude en perjuicio de la Administración Pública Municipal y Falsificación de Documentos Públicos.

“…Al compararlas se dio cuenta de la diferencia existente con el expediente presentado y la diferencia de 135.000 pesos” (…) “Sin la firma de los funcionarios (11), esto no se podría haber pagado”, apuntó el letrado. Además de Cantín, la denuncia apunta al ex secretario de Hacienda, Sergio Menéndez, los ex secretarios de Obras Públicas, Néstor Martínez y José Zavaley, y Directores de obras y Servicios, entre otros.

Alquiler de vehículos- La presentación -que es un ampliación de la denuncia que efectuó el Tribunal de Cuentas en 2016 (publicado por TiempoSur y que incluía diversas irregularidades)– también alcanza a dos propietarios de una empresa, y se basa en el alquiler de maquinarias utilizadas en el Vaciadero municipal que se pagaron pero que no se habrían utilizado. La suma en principio alcanza 135.000 pesos.

La denuncia que cuenta de nueve hojas, que incluye detalle de las horas alquiladas a la empresa, advirtió que habría existido falsificación de documentación de acuerdo a la contratación del Ejecutivo, que fue detectado luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda del HCD (compuestas por los ediles que denunciaron) que hizo revisión de cuentas del ejercicio 2013.

Se habría constatado que los documentos presentados por la comuna por los cuales se pagaron las horas de utilización de maquinaria, no se correspondían con el original, o en algunos casos habrían sido adulterados. En concreto, en los expedientes figuran 178 horas, pero se habrían pagaron 300 horas.

Qué hizo la comisión de Presupuesto- Durante el año 2016, personal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del HCD de la ciudad de Río Gallegos, comenzó con la tarea de revisar las rendiciones de cuentas del ejercicio 2013.

“Al comparar la documentación en copia simple mediante la cual se realizó el trámite administrativo que concluyó en el pago de la factura indicada con los originales encontrados, se observan las siguientes irregularidades: Que según la documentación en copia existen días en los cuales se certificó servicios que no cuentan con el respectivo parte, es decir, que en realidad no se prestó realmente el servicio, a saber: Domingo 10 de febrero de 2013, lunes 11 de febrero de 2013, martes 12 de febrero de 2013, domingo 17 de febrero de 2013, domingo 24 de febrero de 2013 y domingo 3 de marzo de 2013”, precisó la denuncia.

También marcó que hubo “burdamente” se modificaron los registros de la utilización de la maquinaria, y que además hubo un “pretendido "extravío" de la documentación”, lo que para los denunciantes “no es otra cosa que un modus operandi”, de la gestión anterior que “pone en marcha un mecanismo tendiente a defraudar las arcas del Estado municipal que culminará en pagos de servicios de no tienen correlato con la realidad ni respaldo en documentación verdadera”.

Además de alcanzar a todos los funcionarios intervinientes en la contratación, la imputación alcanza a Cantín y Menéndez, ya que ambos firmaron el Decreto Municipal N°973 del 13 de abril de 2015, que autorizó al ejercicio 2014 el gasto de 135.000 pesos, cifra en cuestión que no fue avalada por los documentos públicos.