Cuatro jóvenes condenados por tenencia simple de drogas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz emitió tres sentencias por el delito de “Tenencia simple de estupefacientes”, y una de las condenas será de cumplimiento efectivo.

En los tres casos, el tribunal declaró inadmisible la propuesta de juicio abreviado propuesto por la defensa de los acusados.

En el primer fallo, los jueces federales condenaron a Carlos Martín Espinoza (26), a 1 año de prisión de cumplimiento efectivo, multa de 1500 pesos, accesorias legales y costas del proceso.

Además se ordenó que la sentencia será comunicada a la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Santa Cruz, indicando que resulta recomendable el alojamiento de Espinoza en un centro de detención adecuado para que reciba tratamiento de resocialización.

El joven oriundo de Caleta Olivia, fue asistido por la defensora Pública Oficial, Ana Pompo, en tanto que la vindicta pública fue representada por la fiscal General Subrogante, Patricia Kloster.

El 7 de octubre del año 2014, aproximadamente a las 13:17, Espinoza fue sorprendido con un envoltorio de nylon color negro cubierto parcialmente con papel color plateado conteniendo en su interior dos trozos de cannabis sativa con un pesaje total de 180,07 grs.; un envoltorio de nylon color negro envuelto en un envoltorio de nylon color blanco conteniendo en su interior 51,85 grs. de clorhidrato de cocaína y cinco envoltorios de nylon transparente conteniendo cada uno en su interior 1,45 grs.; 0,89 grs.; 1,29 grs.; 1,29 grs. y 0,94 grs. de clorhidrato de cocaína, junto a la suma de un 1400 pesos, todo ello dentro de un bolso color negro el que se encontraba en el segundo cajón de un ropero de madera, en la habitación perteneciente al acusado, hallado por personal policial en ocasión de llevar a cabo el cumplimiento de la orden de allanamiento del Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, en el marco de una investigación por “robo calificado” que llevaba adelante la Comisaría Cuarta.

Trabajador de Servicios Públicos

Los jueces condenaron también a Cristian Andrés Vargas (37) a la pena de 2 años de prisión, de cumplimiento en suspenso, multa de 10.000 pesos, y el pago de las costas procesales (69,67 pesos). Además se le impone por el plazo de 2 años, a contabilizar desde que la sentencia adquiera ejecutoriedad, reglas de conducta por entender que resultan adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del condenado: Fijar domicilio, debiendo notificar al tribunal cualquier modificación del mismo, y realizar presentaciones mensuales en la Delegación Caleta Olivia de Prefectura Naval Argentina.

También realizar un curso, estudio o práctica de al menos 100 horas de asistencia a clases, vinculado a instalaciones eléctricas, para su capacitación laboral o profesional en la empresa Servicios Públicos, ya que el joven se desempeña en la empresa estatal.

Asimismo realizar al menos 100 horas de trabajos no remunerados de instalaciones eléctricas en favor del estado, escuelas provinciales y municipalidad de Caleta Olivia, y de la institución de bien público APADISCO, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

El 14 de abril del 2017, a las 19:10 aproximadamente, la policía secuestró un envoltorio de nylon color negro conteniendo marihuana con un pesaje de 19,77 gramos, hallada en el bolsillo derecho delantero del pantalón tipo bermuda que vestía Vargas.

El procedimiento lo concretó personal del Comando Radioeléctrico de Caleta Olivia durante un patrullaje de prevención por las intersecciones de las calles Frazscher y Maipú, cuando observaron una camioneta Toyota Hilux, con logos pertenecientes a la empresa Servicios Públicos, donde pudieron observar a Vargas haciendo señas a otra persona para que se acercara y al hacerlo, éste se sorprende ante la presencia policial arrojando inmediatamente un envoltorio al suelo, procediéndose luego a la identificación de los mismos.

Vargas fue defendido por el abogado Marcelo Fernández, y el Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la doctora Kloster.

Sorprendidos en Ramón Santos

En el último fallo que fue publicado ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz se condenó a dos jóvenes a penas en suspenso. Uno de ellos es Fernando Gabriel Olivera (24) por ser autor penalmente responsable del delito de “Tenencia simple de estupefacientes” a la pena de 1 año de prisión en suspenso, multa de 3000 pesos, y el pago de las costas procesales. También se le impone por el plazo de 1 año, la obligación de fijar domicilio y cumplir presentaciones mensuales en la Delegación Caleta Olivia de Prefectura Naval Argentina, abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.

En la misma causa fue sentenciado Rodrigo Ismael Robles (25)  por el mismo delito y con la misma pena y multa.

En la instrucción, el fiscal Subrogante ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, Lucas Alberto Colla, le atribuye a Robles la tenencia de estupefacientes, cuando el 2 de octubre de 2014, siendo aproximadamente las 23:00 en circunstancias en que el personal policial de la Subcomisaría Ramón Santos realizaban operativos de control vehicular en la Ruta Nacional 3 fue demorado. En la requisa le hallaron en el interior de su zapatilla izquierda, dos envoltorios de nylon color gris (los cuales arrojaron un pesaje de 5,53 y 4,5 gramos respectivamente y conforme test orientativo de campo positiva para cannabis sativa) los cuales fueron arrojados al momento en que Robles descendía del asiento del acompañante del vehículo Chevrolet Spin LT.

Además se incautaron tres envoltorios de nylon negro, con un pesaje de 1,47; 7,30 y 5,94 gramos de la misma sustancia que quedaron dentro del automóvil. A Olivera se le atribuyó haber tenido 1,56 gramos de marihuana, más precisamente en el sector portaobjetos del lado del conductor del Chevrolet Spin LT.

Ambos jóvenes son oriundos de Salta y con residencia en Las Heras.

La fiscal Kloster, calificó los hechos como “Tenencia simple de estupefacientes (art. 14 –primera parte- de la Ley 23.737).  La acusación fue aceptada por la defensora Pompo.

Las dos primeras sentencias llevan la firma del juez Mario Reynaldi y la última de su par Alejandro Ruggero.