Justicia

Víctima de violencia doméstica denunció a una defensora oficial por no brindarle ayuda

La mujer había pedido una exclusión de hogar porque su pareja le pegaba y temía por sus hijos. En vez de eso, la funcionaria de Puerto Santa Cruz llamó a ambos a una audiencia y cuando salieron recibió otra paliza. La víctima denunció a su ex y a la defensora en la Fiscalía.

  • 22/10/2018 • 10:21
La violencia institucional es aquella que también sucede porque hubo omisión de funcionarios. (Ilustración Ulises)
La violencia institucional es aquella que también sucede porque hubo omisión de funcionarios. (Ilustración Ulises)

*Por Sara Delgado

Desde hace años que los funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios públicos vienen discutiendo en la Argentina sobre las buenas prácticas en materia de justicia de género. Santa Cruz, de hecho, es la segunda provincia del país que tuvo su Oficina de Violencia Doméstica (OVD), un reclamo de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Clara Salazar, y que hoy existe en dos localidades: Río Gallegos y Caleta Olivia.

Las mujeres tienen dónde denunciar pero eso no garantiza que quienes están encargados de atender a la protección de las víctimas de las violencias machistas, hayan superado prejuicios que entorpecen el acceso real a la justicia.

Al menos este parece haber sido el caso de H.G, una joven de treinta años que tuvo que denunciar a la defensora pública de Puerto Santa Cruz, después de que le negara una medida que había reclamado para evitar que su ex pareja le volviese a pegar.

Fuentes cercanas a la joven relataron que la mujer tenía desde hacía tiempo una relación problemática con su novio, de quien logró separarse durante un tiempo tras haber logrado que dictaran una perimetral en su contra.

En un ida y vuelta intermitente de la relación, tienen una hija y ella vuelve a aceptarlo en la casa, suponiendo que esta vez cambiaría. No fue así, él no sólo se puso violento con ella sino que también con la chiquita.

La esperanza en que el agresor pudiera cambiar no es lo único que ata a las mujeres víctimas de violencia doméstica en ese círculo dañino, también están la violencia económica, la falta de autoestima, el enorme esfuerzo que suelen hacer por preservar una familia para sus hijos, no conocer cuáles son realmente sus derechos, el apego emocional y hasta el miedo a ser juzgada por los de afuera, también son factores que impiden salir.

Aparentemente la defensora oficial no lo entendió así, y por eso, cuando de nuevo H.G  le pidió ayuda para tramitar una exclusión del hogar, la funcionaria decidió llamar a una audiencia entre partes en la que le habría recriminado a ella haberlo perdonado y la habría responsabilizado por volver con él.

Según relataron a este diario, tras esa audiencia él se violentó por haber sido llamado por la Defensoría y le volvió a pegar, lo que motivó que la joven no sólo fuese a la Fiscalía a denunciar los golpes sino también a la defensora por no haberla ayudado a prevenirlos.

Aunque su denuncia no la nombra, lo que H.G pone en evidencia es la violencia institucional, que es aquella que se ejerce por acción u omisión de organismos del Estado cuando no protegen ni garantizan que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

Ya a comienzos de los ‘90, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dijo que una de las formas de violencia es aquella que el Estado permite que suceda y la Convención de Belén Do Pará profundizó todavía más esa idea  cuando estableció que los Estados partes -como el nuestro- “condenan todas las formas de violencia contra la mujer” y deben “velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.