Polémica a raíz de la entrega de los títulos de propiedad a asentamientos

El Senado de la Nación aprobó la Ley de Integración Social y Urbana de los barrios populares. Se trata de una iniciativa que consiste en expropiar los terrenos usurpados y otorgarles la propiedad a los habitantes que viven allí hace años.

La medida, respaldada por Cambiemos en Santa Cruz, ya genera polémica no sólo en la clase dirigente, sino también en algunos referentes barriales, muchos de los cuales representan a sectores que no ocuparon tierras pero aún no cuentan con servicios ni con el título de propiedad (ver más en página 4).

Sirve para “integrar a vecinos”- Ayer, uno de los primeros en salir a destacar la importancia de esta ley fue el senador nacional Eduardo Costa (Cambiemos), quien destacó que la Ley de regularización dominial fue presentada por el Gobierno nacional y fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado Nacional.

“Esta ley es muy importante porque va a servir para integrar a cientos de vecinos a la ciudad de Río Gallegos y les va a dar la oportunidad de tener su terreno, urbanizado y con servicios”, subrayó Costa.

Asimismo, en un comunicado de prensa del Senador nacional, se informó que en Santa Cruz la medida alcanzará a los barrios Madres a la Lucha, Los Lolos, José Font/ Marina y asentamiento Bicentenario I y su extensión de Río Gallegos; todos terrenos que pertenecen al Municipio.

También que esta ley -puntualmente en Río Gallegos- alcanzará a casi 800 viviendas y cerca de 3450 personas que hoy viven en asentamientos en la zona de Río Gallegos, fundamentalmente mujeres y niños menores de 15 años.

“El Estado nacional dará el título de propiedad a estas familias, pero esto no sólo se trata de regularizar la situación dominial, sino que significa además comenzar a reconocer los derechos de los vecinos de la Provincia quienes tendrán acceso a servicios básicos y podrán dejar atrás la situación de precariedad en la que hoy viven con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, entre ellas, el acceso a la vivienda, a la salud, el trabajo y la educación”, destacó Costa entre otras cosas.

Esta ley “no los va a ayudar”- Sin embargo, ayer mismo comenzaron a observarse algunas dificultades en la aplicación de esta ley en Río Gallegos. De hecho, el concejal  Martín Medvedovsky indicó que la ley es positiva pero que no está pensada para Río Gallegos.

Sostuvo que el proyecto aprobado en la Legislatura nacional tiene contradicciones en su funcionamiento en la capital santacruceña. Remarcó que está pensada para usurpaciones en terrenos nacionales y no municipales, como el caso de los cuatro barrios locales. 

“El espíritu es positivo, porque son 4100 asentamientos de todo el país. Beneficia más de forma directa a sectores del centro del país. Nos encontramos que hay cuatro asentamientos registrados en nuestra ciudad y la ley mucho no los va a ayudar” dijo el edil de la ciudad en diálogo con Tiempo FM. Sostuvo que la ley se refiere a sectores privados o terrenos federales, cuando en la ciudad los asentamientos formados son terrenos municipales. “En estos sectores, que son de la Municipalidad, no se trabajaría con la ley”.

Sobre esto, el Concejal enfatizó: “Me parece que a veces estas leyes son tomadas a nivel para todo el país y a veces no se logran tratar de direccionarlas para las realidades como en el caso de Río Gallegos”.

No resolvieron la problemática- Más adelante, el edil del FPV se explayó: “Por ende, ¿Nación va a expropiarle las tierras donde hay asentamientos a la Municipalidad para luego devolvérselas? Es todo muy confuso”. 

“Tendríamos que preguntarle al intendente Roberto Giubetich qué piensa sobre esto, porque así como se aprobó, este plan reemplazará la ineficiencia de administraciones municipales como la suya que no pudieron, ni pueden resolver la problemática de los asentamientos en nuestra ciudad, pero que, sin embargo ahora pretenden llevar adelante su urbanización” solicitó el Concejal.

Asimismo recordó que los primeros asentamientos de Río Gallegos fueron creados en 2007 bajo la gestión de Héctor Roquel donde el actual intendente Giubetich era funcionario.

“Ahora nos vienen con este plan para eliminar la pobreza, como dijo el senador Eduardo Costa, y uno se pregunta entonces, por qué no le bajan los fondos al Intendente para que lleve la luz, el gas y las cloacas y se evitan esta payasada” criticó el Concejal quien considera que el proyecto encierra un negocio.

“El Gobierno nacional le va a pagar por algo que ya es de la Municipalidad. Hace años que Costa se burla de los que menos tienen y le hace el juego a Giubetich para que se desligue de la obligación que tiene de llevarle servicios a todos los riogalleguenses que se encuentran en estado de vulnerabilidad” sostuvo.

Para finalizar dijo que “la  aplicación de la ley genera muchas dudas porque su implementación no está contemplada en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2019, y todos sabemos que sin presupuesto no se podrá materializar. Por el momento, lo único que se podrá aplicar es el Artículo 13º, que suspende por dos años cualquier medida y/o acción procesal que conduzca al desalojo, dándole dos años de tranquilidad a los vecinos”.

Urbanización de asentamientos: "No es la manera de dar acceso a tierra" y llevará a "enfrentarse a los vecinos que pagan los impuestos" 

"Hay que hacer un estudio muy exhaustivo", explicó Fabiana Díaz -jefa del Departamento de Agrimensura y Tierras del IDUV-, al referirse a la regularización dominial de los terrenos usurpados.

“Tiene que ver con una planificación urbana, revisar cada uno de los asentamientos y ver dónde están asentados", teniendo en cuenta, por ejemplo, que Madres a la Lucha está al lado del Vaciadero.

Poniendo en relieve que la entrega exclusiva de dominio es la finalidad, Díaz sostuvo que "hay que darle una legalidad al terreno y trabajar con un código de edificación". Por esto, remarcó que "no es así de darle un terreno con servicios y gratuidad así nomás" y que "las personas deben cumplir con derechos y obligaciones". "Está fuera de toda órbita técnica y social", subrayó la funcionaria de IDUV.

Desde el IDUV, indicaron que hay que erradicar los asentamientos y entienden que "como Estado tenemos que hacernos cargo de la problemática", señaló Díaz, al advertir que si se da la gratuidad llevará a "enfrentarse a los vecinos que pagan los impuestos". 

Díaz remarcó que este año hicieron un trabajo en José Font, con visitas de asistentes sociales, técnicos para efectivizar problemas edilicios y medio ambiente. "Logramos que de las 74 personas solo 7 quieren trasladarse", afirmó la jefa de Depto. de Tierras, al remarcar que "la gente se afianza a eso por eso no es tan simple" y ante ello, no les fue bien en la prueba.

"Entendemos que la gente se radicó ahí por un problema social y económico, pero no se puede tomar así”, sentenció.