Reflotan propuesta de pedir exámenes toxicológicos a funcionarios

Desde el bloque de UPVM (Unión Para Vivir Mejor) de Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Control de Drogadicción en la Función Pública”, que no es ni más ni menos que evitar que los cargos políticos no tengan ningún tipo de adicción a drogas ilegales.

El proyecto parece evocar a otro presentado varios años atrás por el ex diputado provincial Alejandro “Chiqui” Victoria (FPV/PJ), quien pedía la realización obligatoria de rinoscopía y un examen toxicológico para saber si los cargos políticos de los tres poderes del Estado consumían sustancias prohibidas.

La iniciativa no pasó siquiera la instancia de comisiones, por lo que pasó al archivo y casi que no se estableció un debate al respecto, más allá de las expresiones públicas realizadas en esa oportunidad. Ya por entonces el proyecto era considerado polémico y hasta discriminatorio, cuando no violatorio de la intimidad de las personas. Pero además se sostenía que ciertas drogas legales, como el alcohol, son igual o hasta más nocivas que las ilegales como la cocaína.   

A quiénes comprende- La propuesta de UPVM establece “como requisito para acceder a cargos de función pública en la Provincia de Santa Cruz, el carecer de adicción a diferentes drogas ilegales”.

Aclara –además- los cargos alcanzados: Miembros del Poder Judicial; Consejo de la Magistratura; Poder Legislativo (hasta director); Poder Ejecutivo Provincial (hasta nivel director); los Órganos de Contralor; Organismos Autárquicos, Centralizados y Descentralizados, Empresas o Sociedades del Estado, hasta el nivel de Director o su equivalente, según corresponda; representantes del Estado en sociedades donde éste tenga participación y demás funcionarios que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento; la Policía Provincial, en todas sus jerarquías.

Rinoscopía y muestra de orina- Luego de sostener que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la iniciativa afirma que todos los funcionarios comprendidos en la ley deberán obligatoriamente realizarse de forma anual un examen de rinoscopía con la finalidad de detectar adicción a drogas aspirables.

Por su parte, también exige que deben de forma obligatoria someterse a un examen de detección de metabolitos de drogas en orina (DDO), para lo cual se utilizarán dos (2) muestras las que deben ser identificadas como “A” y “B”, selladas y firmadas por las partes, para posteriormente realizar los análisis para determinar presencia de sustancias psicoadictivas ilegales en sus organismos.

A su vez, manifiesta que, cuando el examen a la muestra “A” diera positivo, el funcionarios o la persona tendrá derecho a exigir una contraprueba utilizando el frasco “B”, dentro de los diez días hábiles siguientes al resultado realizado al frasco “A”, acompañado por un perito de parte que designe el interesado. Aclara que los exámenes serán de carácter estrictamente confidencial.

El proyecto de ley determina que en el caso que resultaran positivos los exámenes, se procederá del siguiente modo:

a) funcionario o personal designado: es causal de cese en la función pública; y b) funcionario electo: se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Constitución de la Provincia.

Y por su parte, sostiene que el Estado provincial articulará los medios necesarios para brindar apoyo y asistencia a los funcionarios o personas alcanzadas en esta norma.