Justicia

El amparo contra la Nación advierte que en la reserva en pugna hay un acuífero

¿Por qué el decreto de Macri no dice que en la reserva hay recursos hídricos? ¿Cómo es que no se pidió autorización a Santa Cruz? Algunos planteos en la pugna por casi 40 mil hectáreas que Mauricio Macri pasó a Parques Nacionales por Decreto.

  • 06/10/2018 • 11:00
Jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.
Jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Esta semana TiempoSur dio a conocer en exclusiva que el gobierno de Alicia Kirchner demandó al Gobierno nacional por haber decretado la creación de una reserva natural avasallando la autonomía de la Provincia.

El amparo fue presentado este jueves a primera hora en los estrados de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, contra el Decreto 838 que firmó Mauricio Macri el 19 de septiembre, sin que la Provincia de Santa Cruz tomara conocimiento.

Recién un día después, cuando se publicó en el Boletín Oficial, las autoridades santacruceñas se enteraron de que parte miles de hectáreas que posan sobre la meseta del Lago Buenos Aires habían sido convertidas en reserva natural “Silvestre Patagonia”, y hasta los legisladores de Cambiemos pidieron a la Fiscalía de Estado que saliera a frenar el asunto.

Sin pedir autorización, el decreto de Macri dispuso de treinta y ocho mil setecientas ochenta y siete hectáreas, veintisiete hectáreas, doce con setenta y cuatro centareas (38.787 has. 27 as. 12,74 cas), donadas con cargo por parte de la Fundación Flora y Fauna Argentina.

Ya el 14 de junio de este año, el Directorio de la Administración de Parques Nacionales aceptó la donación con cargo de esas tierras y doce días más tarde, las máximas autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado resolvieron asignarlas a la Administración de Parques Nacionales.

Luego, por medio de tres escrituras públicas, tanto la Administración de Parques Nacionales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado, aceptaron formalmente la donación con cargo.

Así, a través de un decreto se creó una nueva categoría de Reserva Natural Silvestre, estableciendo que las mismas serán “aquellas áreas de extensión considerable que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales o vegetales valiosas a dicho fin, a las cuales se les otorgue especial protección para preservar la mencionada condición”.

Para la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Tanarro, esos argumentos son vagos porque ni siquiera hacen alusión a las particulares características de las tierras que originalmente se encuentran bajo el poder de policía provincial.

En uno de los pasajes de la demanda se lee por ejemplo que: “Las tierras afectadas en el Decreto 838/18 cuentan con recursos hídricos de importancia para la provincia como ríos y lagos que funcionan como fuente de recarga de acuíferos libres y confinados que son de dominio provincial” y por lo tanto “es evidente que el Poder Ejecutivo Nacional debió haber consensuado con la provincia acerca de las razones para crear la reserva natural silvestre”.

En este punto, es importante rescatar que la ley de declaración de reservas establece que: “La creación de nuevos Parques Nacionales, Monumentos Naturales o Reservas Nacionales, en territorio de una provincia, sólo podrá disponerse previa cesión de la misma a favor del Estado Nacional, del dominio y jurisdicción sobre el área respectiva...”.

En el caso de “Silvestre Patagonia” no hay ninguna ley provincial que habilite la cesión de esas tierras y es ese el argumento trasversal en el amparo de Santa Cruz para pedir la inconstitucionalidad del decreto macrista.

“Prescindir de la exigencia de una ley provincial que ceda la jurisdicción a favor del Estado Nacional implica una absorción de competencia por parte de este último que directamente excluye a la provincia, a quien ni siquiera se le ha dado participación en el expediente administrativo que culminó con la emisión del Decreto 838/18” se lee en la demanda, en donde Tanarro insiste con que la Provincia “no fue informada ni consultada” al respecto.