Santa Cruz demandó al gobierno de Macri por la ilegalidad de la reserva “Silvestre Patagonia”

Por Sara Delgado 

Cuando el mes pasado el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 838 creando la “Reserva Natural Silvestre Patagonia”, lo hizo sorteando por completo la autonomía que tienen las provincias para decidir sobre su suelo. Así fue que, cuando se conoció la noticia, los diputados santacruceños se mostraron sorprendidos, y hasta los de la bancada de Cambiemos salieron a reclamarle a la Fiscalía de Estado que frenara semejante atropello.

Gabriela Mestelán, Gerardo Terraz, Pedro Valenzuela y Carlos Santi firmaron el repudio de la cesión de más de 38 mil hectáreas por parte de la fundación Flora y Fauna, en un contexto en el que los productores vienen denunciando presiones para deshacerse de sus campos sobre la meseta del Lago Buenos Aires, en una tensión por el Parque Patagonia, que lleva más de un año de dimes y diretes.

Después, con un proyecto de Carlos Santi y de Javier Flores, ambos del oficialismo, lograron declarar la emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales en lo referente a la creación de áreas naturales protegidas.

Esa iniciativa parlamentaria busca que se suspenda, en principio por seis meses, la creación de “nuevas áreas naturales protegidas” hasta que no se haga un plan desarrollo agropecuario provincial.

Ayer pasadas las ocho de la mañana, la Fiscalía de Estado se presentó en los estrados de la jueza Federal Marta Yáñez, en Caleta Olivia, con un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, para reclamar que quede sin efecto el decreto macrista.

La presentación de Fernando Tanarro se hizo “con el objeto de obtener resolución favorable que decrete la nulidad, así como también se declare la inconstitucionalidad” de la decisión que “dispone en forma arbitraria e ilegal la creación de una reserva natural nacional en territorio provincial, contrariando la normativa aplicable y avasallando el poder de policía que la Provincia ostenta sobre el territorio bajo su jurisdicción”.

Así, basado en la propia Constitución Nacional que tiene resuelto que el dominio originario de los recursos naturales les pertenecen a las provincias,  el gobierno de Alicia Kirchner también le reclama a la Justicia que dicte una medida de no innovar que suspenda el Decreto presidencial, hasta tanto haya sentencia definitiva.