Provincia

Fondo sojero: cumplió un mes la presentación ante la Corte

La gobernadora Alicia Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 22 de agosto para que declaren ilegal la eliminación del Fondo Federal Solidario.

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La provincia de Santa Cruz presentó un amparo contra el poder central, al que acusa de haber dictado un decreto arbitrario para quedarse con el fondo que fue constituido en el año 2009 por todas las jurisdicciones del país.

Reclamaron la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (756/18) con el que Mauricio Macri derogó el Fondo Federal Solidario, por el cual hasta julio de este año la provincia recibió $255 millones y todavía quedaban otros $145 hasta diciembre.

De ese total, un 30 por ciento fue coparticipado a los municipios, que en algunos casos se presentaron ante la Justicia Federal para plantear sus amparos y en otros, prefirieron no darle importancia y esperar el arribo de adelantos del Tesoro nacional, como fue el caso de Roberto Giubetich, en Río Gallegos.

La preocupación de la provincia no es menor, ya que para el año que viene se proyectaba que ingresen $500 millones por el FoFeSo, razón por la cual insistieron ante el Gobierno con su restitución durante las negociaciones por el Presupuesto 2019.

El 14 de agosto el Gobierno de Cambiemos dio de baja el Fondo Soja con la excusa de tener que cumplir con las metas de ajuste que pactó con el FMI, sin que se sepa todavía hacia dónde están orientados los recursos del financiamiento internacional y pese a que todavía el poder central continúa con las retenciones a esas exportaciones.

Hay que recordar que del 30 por ciento de la recaudación por el derecho a la exportación de ciertos elementos, la Nación se queda con el 70 por ciento de lo recaudado y las provincias con el 30 por ciento. La misma fórmula se aplica en Santa Cruz, que reparte el 30 por ciento de lo que recibe entre los municipios y comisiones de fomento según el índice de habitantes.

Esos dineros no podían usarse en sueldos de la administración y deben ir específicamente a financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.