Reforzaron plan de asistencia

El Gobierno preocupado por el aumento de la demanda alimentaria

Frente al aumento de la pobreza producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, también creció la cantidad de comedores y de familias que dependen de la asistencia del Estado para que les garantice el acceso a los artículos de la canasta de alimentos.

  • 21/09/2018 • 07:51
Mirta Pulido, de Abordaje Territorial, dijo que “recrudeció” la demanda alimentaria
Mirta Pulido, de Abordaje Territorial, dijo que “recrudeció” la demanda alimentaria

En Santa Cruz, unas 4000 personas son beneficiarias de la Tarjeta Social destinada únicamente a la compra de alimentos de la canasta básica. En un proceso inflacionario acelerado por la mega devaluación del peso, la escalada de los precios no dan tregua y por eso en el último tiempo el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz instrumentó un 150 por ciento más en la capacidad de compra de la tarjeta.

Semanas atrás el presidente Mauricio Macri fue quien dijo que “la pobreza va a aumentar” generando el inmediato traslado a precios de un dolar que ya el Presupuesto 2019 fijó a 42 pesos, aunque muchos economistas advierten que la divisa podría escalar más.

La semana pasada el intendente Roberto Giubetich dijo en declaraciones a Tiempo FM que no hacían asistencia alimentaria a familias de Río Gallegos, sino que esta tarea estaba encomendada al Centro de Referencia de Río Gallegos, que conduce Ítalo Bringas, un hombre del PRO, que este lunes le dijo a este diario que hubo un gran crecimiento de los comedores capitalinos.

A esta situación, el funcionario nacional la calificó de “preocupante” e “innegable”, aunque también se ocupó de advertir que “las cosas se irán revirtiendo e ir achicando la cantidad de merenderos para que la gente los deje de utilizar, pero no por achicar recursos del Estado” y que “el Estado está presente porque cumple una función inmediata”.

Sin embargo ésta no es la visión que comparten todas las provincias del país a través de sus carteras sociales, que a comienzos de mes emitieron un duro documento en contra del modelo económico de Cambiemos que, según datos del INDEC de ayer, generó la desocupación más grande de la última década con un 9.6 por ciento (150 mil personas despedidas en el último año).

El planteo de las provincias, entre ellas Santa Cruz, reclama que se declare la Emergencia Alimentaria, y sostienen que los ministerios sociales no son quienes pueden resolver el ahogo económico en el que están miles de familias, sino que esto es tarea de la política económica.

También a través de la Ministra de Desarrollo Social se reclamó por la creación de una Mesa Nacional de Políticas Sociales que discuta, entre otras cosas, revertir la “reducción presupuestaria destinada a las áreas sociales, fundamentalmente la Seguridad Alimentaria”.

Según dijo ayer Mirta Pulido, responsable del área de Abordaje Territorial de la Provincia, la situación de inseguridad alimentaria “se está recrudeciendo”  y es por eso que desde hace un mes trabajan en la puesta en marcha de un plan de contención social “para garantizar la comensalidad familiar”.

Dijo que según el último registro hay un total de quince comedores en Río Gallegos, algunos de ellos vinculados a las iglesias y que sólo durante el mes de agosto, desde el Centro Social se repartieron 4448 viandas, con lo cual “ha subido muchísimo el porcentaje”.

En un escenario en el que Santa Cruz es la única provincia con Presupuesto nacional a la baja porque Cambiemos decidió un recorte del 19 por ciento respecto del presupuesto anterior, mientras que para las demás jurisdicciones hay recomposiciones de un 30 por ciento en promedio, por estos días se espera el arribo de los fondos comprometidos en el convenio que firmó la cartera social con el ahora súper ministerio de Carolina Stanley.

Se trata de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2018 por poco más de 9 millones, que llegarían para reforzar la cobertura a familias en situación de vulnerabilidad por medio de la Tarjeta Social, donde anualmente Santa Cruz invierte 122 millones de pesos.