Denuncia

Jueza ordenó peritar un plan social que administró Gabriela Peralta

Es por una denuncia presentada en 2016 por la actual ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian, vinculada a las irregularidades detectadas en el plan Gesol, para personas de escasos recursos.

El Gobierno cree que el MDS usó la plata para otra cosa
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El 31 de octubre van a cumplirse dos años desde que la actual ministro de la cartera social del Gobierno de Santa Cruz, Paola Vessvessian, presentó la denuncia penal para que se investigue a su antecesora, Gabriela Peralta, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos.

Es por un informe realizado por la Subsecretaría de Administración y Finanzas del Ministerio, respecto de un cúmulo de expedientes y documentaciones de la utilización de un fondo de $900 mil, destinado al pago de ayudas de emergencia para personas de escasos recursos de Santa Cruz.

Es el fondo de cobertura a sectores vulnerables, “Plan Gesol”, sobre el cual “no se encontraron ni los informes sociales, ni las intervenciones de las áreas pertinentes, ni ningún tipo de documentación que acredite condiciones de vulnerabilidad y que dieran origen a la ejecución” de esos dineros. Así como “tampoco se pudo identificar a qué titular de derechos se asistió con los recursos invertidos”.

Luego de haber tomado más de una docena de testimoniales, la jueza Valeria López Lestón, titular del Juzgado de Instrucción Nº2, ordenó este jueves que el próximo 2 de octubre, se practique una pericia contable con los elementos y constancias reunidas en la causa.

Así pretende determinar si existe “correlación” entre los saldos bancarios de dos cuentas del MDS  que fueron aportados por el Banco Santa Cruz y el Ministerio vinculados al Programa de Asistencia a la Emergencia Plan Gesol-eje operativo cobertura a sectores vulnerables, en los años 2014 y 2015.

También conocer “si existen erogaciones sin la correspondiente documentación respaldatoria” y si existió “un perjuicio patrimonial ocasionado al erario público, en cuyo caso se informe el monto del mismo”.

El Gobierno no tiene dudas de que el dinero se usó para otra cosa y de hecho hace dos años la Secretaría Legal y Técnica también elevó el expediente al Tribunal de Cuentas, aunque se desconoce que exista algún tipo de intervención.

Lo que presentó el MDS al Juzgado fue 46 recibos de anticipo de fondos “firmados por la profesora Gabriela Peralta”, para el retiro de efectivo, sin la documentación que avale la inversión por un monto de $1.529,000”. También llevaron otros 21 recibos “firmados por secretarios privados y colaboradores de la ex Ministra” por $463 mil y 16 recibos de anticipos que fueron “retirados por diputados provinciales y autoridades externas” al Ministerio de Desarrollo, por $250 mil.

Además se aportaron 448 recibos de pagos sólo firmados “por supuestos titulares de derechos, sin  acreditar condiciones de vulnerabilidad” por $1.185.764, 45 y en 13 expedientes iniciados, se fijaban para asignar fondos destinados a la asistencia en la emergencia por $900 mil cada uno, totalizando $11.700.000, mientras que también hubo otros 34 expedientes “con supuesta documentación de respaldo de la inversión de fondos, sin acto administrativo que ordene el cierre de los mismos”, por un monto de $4.504.966 millones.