Nación rescindió una obra en Caleta Olivia

Por Sara Delgado

La notificación fue hecha a través del escribano caletense Raúl Ignao el martes a pedido de la Secretaría de Infraestructura Urbana dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. En ella el Gobierno nacional le pone fin al contrato de obras de infraestructura y puesta en valor del barrio Gobernador Gregores, denunciando sendos incumplimientos que no habrían sido subsanados por la administración de Facundo Prades (Cambiemos).

El convenio se firmó el 14 de diciembre de 2016 y las obras tenían que tener una ejecución de dos años. Dos meses más tarde la Municipalidad de Caleta Olivia recibió el primer desembolso por un monto de $25.406.478,00 y la primera rendición de la Municipalidad fue presentada el día 21 de junio de 2017. Sin embargo el acta de inicio de la obra se labró el 5 de mayo de 2017.

“Esto demuestra un atraso de dos meses respecto al máximo de 30 días estipulado en la cláusula quinta del Convenio Específico” se lee en el documento oficial, que narra el resultado de las cinco visitas que hicieron funcionarios nacionales a la obra, durante los días 31 de mayo de 2017, 11 de agosto de 2017, 18 de septiembre de 2017, 10 de octubre de 2017 y 4 de mayo de 2018.

De estos informes surge que “las facturas se encontraban imputadas en los certificados a rubros incorrectos con el componente urbano, que el avance de obra es menor al estipulado en el plan de trabajo, que el acopio no es correcto, que en el certificado 2 hay una factura de $573.855,96 de fecha 11/5/17 que ya estaba certificada en el certificado 1 y que en el certificado 2, el valor acumulado del certificado 1 se trasladó de manera incorrecta con un monto distinto…” entre otros puntos que derivaron en un acta que firmaron el Secretario de Planificación de la Municipalidad y un funcionario de la Secretaría de Infraestructura Urbana.

En un informe de este año, “se verificó que el estado real de la obra se encontró en un avance del orden 20% al 25%, y un retraso aparente de ocho meses. Asimismo, se reiteró que el ente ejecutor no ha desarrollado un modelo de gestión de la obra civil para ejecutar el proyecto”.

En consecuencia, “sin perjuicio de lo informado en las cinco visitas anteriormente mencionadas, y teniendo en cuenta la falta de documentación y las irregularidades del expediente durante la ejecución de la obra, esta Secretaría intimó en distintas oportunidades al Municipio a efectos que remita la documentación faltante y regularice la situación de la misma”, como por ejemplo la presentación de los certificados de los meses de “junio, julio y agosto del año 2017 que se encontraban adeudados”.

El 15 de marzo de este año, la apoderada del Municipio caletense, Romina Vater, presentó un escrito solicitando ver el expediente y más tarde solicitaron el segundo desembolso para la obra.

En este punto, la Nación sostuvo que tal cosa no podía ser porque el Municipio “presentaba certificados erróneos y documentación incompleta, circunstancia que fue advertida e intentó notificarse innumerables oportunidades con las notas que se enviaron al Municipio y no fueron recibidas”.

El 14 de agosto, la Municipalidad finalmente presentó un escrito “manifestando la situación de crisis económica y estado de emergencia que sufre el Municipio” y dijo que los incumplimientos “fueron consecuencia de una situación de fuerza mayor no imputable al Municipio”.

En el escrito surge que el último informe sobre la obra se hizo el mes pasado y es luego de un racconto cronológico de los hechos que en su párrafo final, ordena la ruptura del contrato y el bloqueo de los pagos que quedaban por llegar para Caleta Olivia.

Luego de conocida la noticia, el concejal Pablo Calicate le dijo a TiempoSur que “esto demuestra la inoperancia de la gestión de gobierno de Prades” y que “acá no hay herencia recibida ni obra inconclusa de gobiernos anteriores, acá es exclusivamente responsabilidad de su gestión”.

Para el Concejal de la oposición, las desprolijidades “comenzaron después del conocimiento público que Prades habría estado involucrado en un supuesto cobro de coimas, dado que las inspecciones que se hicieron en la segunda mitad del año demostraron la acefalia y el descontrol que resultaba ser la Municipalidad”.

Finalmente, para Calicate también hay una responsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri que “por su falta de sensibilidad deja desamparados a los vecinos del barrio Gobernador Gregores”.