El de Aurora es el primer caso que judicializa los crímenes de las Huelgas del ‘21

Por Sara Delgado

El fusilamiento de más de mil quinientos hombres que reclamaban mejores condiciones de trabajo en los campos de Santa Cruz es un crimen de lesa humanidad porque nacieron de una decisión política del gobierno de Hipólito Yrigoyen, orientados a exterminar a un grupo social. Sin embargo, no hay registros de que alguna vez alguna víctima colateral de aquellos sucesos provocados entre 1920 y 1921, hubiera llegado a manos del Poder Judicial.

La masacre a los huelguistas volvió a ser un tema de política pública, luego de que en abril de este año, se creara la Mesa de las Huelgas Patagónicas, que tiene como propósito visibilizar lo ocurrido. Incluso hace diez días, sus integrantes encabezados por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, se reunieron en Puerto Deseado por segunda vez.

La semana pasada, TiempoSur dio a conocer la decisión que tomó Aurora Lopez,  hija de un peón fusilado, para que su caso llegue al fuero federal y el Estado nacional ponga recursos a disposición de recuperar los restos de su padre.

Aurora tiene 97 años y es hija de Alejo López, acribillado en la estación de Jaramillo el 18 de diciembre de 1921, apenas dos meses antes de que ella naciera en Pico Truncado.

Desde 2014, la mujer viene reclamando ante diversos organismos de DDHH gracias al acompañamiento de la organización “Ruta de la Huelga”, que reconoce haber fracasado en los intentos por lograr que se iniciara una investigación de oficio.

Uno de sus referentes, el ex concejal de Gobernador Gregores, Marcelo Serafini, dijo ayer en Tiempo FM que la aparición de Aurora fue disruptiva “porque aparece una víctima directa de lo que nosotros entendemos que es un crimen de lesa humanidad donde hubo una desaparición forzada de alguien y una vida que ha sido modificada porque Aurora ha crecido huérfana de padre”.

Serafini advirtió que este caso “es el primero que intenta judicialización sobre un reclamo del paradero de los restos de alguien” y recordó que en el libro de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Rebelde, la madre de un joven asesinado en la estancia La Anita, le escribe una carta a Yrigoyen diciéndole que su hijo además era sostén del hogar.

Luego de celebrar el trabajo que lleva adelante la Mesa de las Huelgas de la Patagonia, Serafini sostuvo que “la Nación tiene una deuda con Aurora respecto de buscarle los restos de su padre porque fue un suceso organizado por el Estado, tiene la tipificación de un crimen de lesa humanidad y todas las connotaciones políticas y sociales”.

La base documental con la que se sustenta la historia de Alejo López es contundente y por eso creen muy probable que una jueza federal allegada a la organización pueda aceptar la demanda en la que ya están trabajando un grupo de abogados.

Alejo López había salido de la estancia San Javier (hoy llamada a Los Pinos) de Pico Truncado hacia Jaramillo, donde había sido convocado por otros huelguistas que protestaban por sobrar muy poco de los dueños de las tierras.

Su nombre aparece en un registro de la Marina, que había llegado poco después de las tropas de XXX Valle para supervisar el número de muertos. Según redactó un escribiente de esas fuerzas, el cuerpo de Alejo estaba junto a otros cinco varones, dos de ellos de nombre José Font y otro identificado como Servando Romero.

A este último, su padre- un reconocido peluquero de Puerto Deseado- lo fue a buscar a la fosa común y lo llevó a un cementerio de la localidad portuaria.

Aurora nació el 18 de febrero de 1922 y fue inscripta en los registros del paraje Koluel Kaike por su padre, quien ahí mismo refirió que su papá había sido Alejo López “fallecido el mes pasado en Jaramillo”.