Chile

Aseguran que antigüedad de ley de libertad condicional “aportó” en fallecimiento de argentino

El secretario nacional de la Asociación de Funcionarios Civiles de Gendarmería, Enrich Vargas, criticó el escaso interés parlamentario y de gobierno en actualizar la Ley 321, que aplica las libertades condicionales a los reos.

  • 11/09/2018 • 07:56
"Lamentablemente, todavía no sabemos si fue un suicidio o un homicidio"

El pasado miércoles se encontró en la zona de Barranco Amarillo, en las afueras de Punta Arenas, el malogrado cuerpo de Samuel Florentino Gutiérrez, ciudadano argentino que estaba bajo libertad condicional, y que perdió la vida por causas que aún se desconocen.

Gutiérrez –oriundo de Chubut- había recibido una pena de 20 años, y luego de diez cumplidos recibió el mencionado beneficio. El problema radica en que, al haber llegado como indocumentado a nuestro país, no contaba con carnet de identidad, requisito básico, para poder encontrar trabajo, uno de los pilares de la ley 321, que regula la libertad condicional.

Es por esta razón que se comenzaron a alzar voces críticas en relación a las falencias que se encuentran en esta ley, que data del año 1925. Situación que, a los ojos de Enrich Vargas, secretario nacional de la Asociación de Funcionarios Civiles de Gendarmería (Afucig), aportó en cierta forma en el fallecimiento de esta persona, y que además no se adecúa a los estándares mínimos que deberían existir en un país que cada vez recibe más inmigrantes.

“Estos episodios vienen a ratificar la urgencia de la modificación de este cuerpo legal. Hemos estado presenciando una serie de noticias, por ejemplo, lo que pasó con la libertad condicional que se otorgó a los reos de Punta Peuco. Se generó un revuelo, pero a los libertos condicionales se les está otorgando este beneficio en dos períodos al año. No solo son ellos, no solo son chilenos, también hay extranjeros”, señaló.

“En esa situación creo que es importante puntualizar el rol del Estado y el aparato público. Este ciudadano argentino, que estaba cumpliendo condena a través del beneficio de la libertad condicional, tenía una condición de indocumentado.

No podía obtener un carnet de identidad, para desarrollar algo tan concreto para la subsistencia como trabajar. Que incluso, la ley 321, los obliga. Hay un reglamento que el Ministerio del Interior ha establecido, a través de las gobernaciones y el Registro Civil, que no entrega ningún tipo de documentación.

Esto está pasando a nivel nacional, y el status quo que se ha generado desde el Ministerio del Interior y el de Justicia han generado varios casos con estas situaciones. Lamentablemente, todavía no sabemos si fue un suicidio o un homicidio, pero es preocupante que las instituciones vean estas situaciones como un número más y no como una situación que tiene que ver con un fenómeno social. No se pueden seguir otorgando beneficios en condiciones como esta, poniendo en riesgo la condición de las personas a las cuales se les entrega el beneficio”, enfatizó.

Vargas además criticó el escaso interés que ha habido al momento de intentar renovar la ley 321. “Esto es un problema de Estado, no del gobierno de turno. Acá no se está hablando de que la libertad condicional es un tema por el tema de los reos de Punta Peuco. Hay un proyecto que está durmiendo por años. La gente que tiene que hacer la pega, los parlamentarios, tienen que tener iniciativas concretas en este sentido”, manifestó.

Críticas que alcanzan también a la Universidad de Magallanes (UMAG). Y es que a juicio de Vargas, esta institución no ha aportado en nada al proceso de investigación necesaria para evitar políticas públicas erróneas.

 

Ahogado

Gutiérrez había sido uno de los 29 internos de las cárceles de Magallanes que el pasado 18 de abril fueron beneficiados con la libertad condicional, tras cumplir la mitad de su condena. En su caso fue sentenciado en 2008 a 20 años de prisión luego de haber sido declarado culpable en dos delitos de robo con violencia junto a otro cómplice también de nacionalidad argentina.

El cadáver fue hallado a 8 kilómetros al norte de Punta Arenas, en el sector de Barranco Amarillo, y de acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, subprefecto Jaime Rossel, falleció por una asfixia por inmersión y que no presentaba lesiones atribuibles a terceros. Las circunstancias del deceso son aun materia de investigación, pero se sabe que el fallece ahogado y eso se debe confirmar con la autopsia de rigor. No se encontraba embarcado, no era pescador y vivía en las cercanías del lugar.

A la playa concurrió Israel Márquez, uno de sus amigos, explicó que a eso de las 20:00 del lunes 3 de septiembre pasado, la víctima se había desconectado de su Whatsapp, lo cual le causó extrañeza debido a que se comunicaban diariamente. (Fuente: El Pingüino - TiempoSur)

 

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