Alicia Kirchner va a la Corte por los Fondos Soja

Por Sara Delgado

El Gobierno de Santa Cruz se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (756/18) con el que Mauricio Macri derogó el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 para repartir parte de la retención a los derechos de exportación.

En lo que va de este año, Santa Cruz recibió por los “Soja”, la suma de $255 millones y todavía quedaban otros $145 hacia fin de año. De ese total, un 30 por ciento fue coparticipado a los municipios, que hoy ven con preocupación el futuro de sus finanzas ya alicaídas. Además, la Provincia estima que para 2019, por Fondo Federal Solidario deberían entrar otros $500 millones.

El 14 de agosto el Gobierno de Cambiemos que ya venía jibarizando los recursos de las provincias, dio de baja el Fondo Soja con la excusa de tener que cumplir con las metas de ajuste que pactó con el FMI, sin que se sepa todavía hacia dónde están orientados los recursos del financiamiento internacional.

A la eliminación de los reembolsos por Puertos Patagónicos, la paralización total de la obra pública nacional que no dejó en pie ni siquiera a la Ruta Nacional 3 en el tramo Caleta Olivia - Ramón Santos, o el NIDO en la periferia de Río Gallegos, se sumaron el recorte de las asignaciones familiares a la mitad y la quita de las asignaciones para aquellos trabajadores con salarios por debajo de los $2800, el cese del financiamiento a los hospitales Samic y Peliche, la amenaza de privatización de la megausina, el incumplimiento del Fondo Fiduciario, del bono de compensación por el consenso fiscal, entre muchas otras medidas que son acompañadas de amenazas ahora de también llevarse puesta la zona de los jubilados.

Es en ese contexto que los legisladores de la Patagonia (a excepción de los de Cambiemos) iniciaron una serie de encuentros para plantear el rechazo de la región a las políticas centralistas de Macri. Sin embargo, la eliminación del Fondo Federal Solidario es disruptiva y pone al gobierno de Kirchner ante la urgencia de judicializar el asunto, debido a que es la Provincia más perjudicada. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, ese fondo cubría el 63,3 por ciento del gasto de capital de la provincia.

Por eso en las últimas horas, la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Tanarro y la abogada del Estado santacruceño, Graciana Peñafort, elaboraron un recurso de amparo para que la Corte intervenga declarando inconstitucional el Decreto de Cambiemos.

Sostienen que el decreto es nulo porque va contra pactos internacionales, leyes y la propia Constitución Nacional. El Gobierno de Santa Cruz niega que Cambiemos haya tenido que desfinanciar a las provincias y sus municipios porque no le quedó otra que modificar el esquema de distribución de los recursos fiscales, y por eso, le recuerda que había un Consenso Fiscal que se firmó el año pasado.

Es que el Consenso Fiscal que tiene a Santa Cruz adentro, junto a la mayoría de las provincias, reconocía las potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno y se estableció que los recursos del Fondo Federal Solidario “se distribuirían entre las jurisdicciones que adhiriesen, sin incluir Estado nacional…”.

La demanda del gobierno de Kirchner también evalúa que nunca el Presidente puede emitir disposiciones de carácter legislativo, aunque Macri esté recurriendo “habitualmente” al DNU para sortear al Congreso.

“¿A qué presidente puede interesarle el resto de la Constitución?” Si tiene los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados” dicen en un borrador de la demanda, que por caso aclara que Argentina no está en estado de guerra, no está en gravísimo peligro la perdurabilidad del sistema político o a la comunidad misma, no existe la intervención federal, el poder de policía de emergencia como para sacar el Fondo Soja por DNU.

La Provincia y los municipios pierden las herramientas que se les brindaron “para promover el bienestar de sus habitantes… Este cambio repentino e irrazonable, inhibiendo las transferencias de los aportes concertados,  frustra obras presupuestadas y en marcha, y se pierden cientos de puestos de trabajo… En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre y todo lo demás debe estar al servicio de este hombre, por lo que una coyuntura circunstancial –invocada y no justificada- no puede ser la causa que produzca la afectación del bienestar de los ciudadanos de la Provincia, que en definitiva son ciudadanos de la República”.

Hay que recordar que del 30 por ciento de la recaudación por el derecho a la exportación de ciertos elementos, la Nación se queda con el 70 por ciento de lo recaudado y las provincias con el 30 por ciento. La misma fórmula se aplica en Santa Cruz, que reparte el 30 por ciento de lo que recibe entre los municipios y comisiones de fomento según el índice de habitantes.

Esos dineros no pueden usarse en sueldos de la administración, y deben ir específicamente a financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.

Según los datos que proporciona la Federación Argentina de  Municipios, que son corroborados por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz, la eliminación del Fondo Federal Solidario significará una pérdida superior a los 10 mil millones de pesos para lo que resta de 2018, y aproximadamente 41 mil millones para el año entrante.